Veracruz es el estado más letal para los periodistas desde el 2000 que inició la alternancia del poder presidencial, hasta julio de 2026. Artículo 19 identifica al estado con 34 de 181; le siguen Guerrero con 17, y Tamaulipas y Oaxaca con 15, respectivamente. Hasta hoy, el periodo de mayor número de víctimas (18) fue durante el mandato de Javier Duarte.
La tendencia de violencia letal en contra de los comunicadores es creciente en Veracruz, no sólo por los tres homicidios que ya acumuló: Carlos Leonardo Ramírez Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López Valdés, sino también por las desapariciones forzadas (segundo lugar). La más reciente fue el pasado lunes en Poza Rica en contra del reportero Eli Martínez, quien, afortunadamente, fue localizado con vida después de 12 horas.
Estos datos nos obligan a reflexionar sobre ¿por qué Veracruz enfrenta esta situación? Las estadísticas son transparentes, la violencia en ese territorio se manifiesta de forma constante sin importar el color del gobierno.
En otros tiempos hubiera sido plausible señalar que los asesinatos tenían relación sólo con la represión política, pero ahora que existe la alternancia política y pluralismo legislativo, lo que se observa en Veracruz es una crisis de gobernanza local para garantizar la libertad de expresión. En este caso, gobernanza significa la capacidad de las instituciones para garantizar que una persona pueda investigar, publicar y circular libremente. Pero en Veracruz cambian los gobiernos y permanece una estructura territorial en la que confluyen crimen organizado, poderes municipales con una gran debilidad institucional o de plano coludidos, e impunidad por parte de la estructura de justicia. El resultado es visible. Incapacidad preventiva para evitar los asesinatos, a pesar de que existe la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (desde febrero de 2026); incapacidad de control territorial no obstante los operativos y la estrategia federal de seguridad pública, e incapacidad para evitar la corrupción política.
Los ejemplos están a la vista. Una mala evaluación evitó una estrategia preventiva eficiente con Luis Ángel López Valdés. Había recibido amenazas y tenía medidas de protección, pero sólo de carácter social, porque las amenazas se consideraron de bajo riesgo; fue asesinado el 11 de junio en Poza Rica.
El caso Eli Martínez es emblemático porque se demuestra la incapacidad de control territorial por parte de la autoridad local. Eli fue interceptado por hombres armados mientras trabajaba. Posteriormente, fue localizado con vida. El hecho ocurre en el mismo lugar donde fueron asesinados Carlos Leonardo Ramírez y Luis Ángel López durante este año.
Ya lo hemos cuestionado en este mismo espacio para analizar otros problemas ¿quién controla el territorio, los Poderes constituidos o el “poder invisible” (que en México es muy visible: grupos de interés ilegítimo)? Gobernar no sólo significa que haya operativos, Guardia Nacional militarizada o fiscalías a modo, o incluso, que haya planes sexenales y presupuestos anuales que incluyan la atención de estas problemáticas. Implica que las instituciones tengan capacidad efectiva para imponer reglas, proteger derechos y reducir riesgos.
Por último, lo más grave que afecta la gobernanza local es la captura y sometimiento de autoridades municipales (hasta estatales) por el crimen organizado o por cualquier otro grupo de interés. En el caso de Roxana Guzmán, la Fiscalía de Veracruz atribuyó al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez la presunta autoría intelectual de su secuestro y asesinato y solicitó su desafuero; la investigación también señaló la presunta participación de policías municipales y miembros de un grupo criminal. Se trata de una acusación de la Fiscalía y deberá determinarse judicialmente la responsabilidad, pero políticamente es demoledor.
Lamentablemente el remedio para enfrentar la crisis de gobernanza local no es la concentración de poder del ámbito federal, por el contrario, sólo podrá lograrse (a mediano o largo plazo) con el efectivo ejercicio de las competencias locales de un régimen democrático federalista.