Tiranía legislativa
La crisis constitucional que estamos viviendo no tiene precedente.
El populismo avanza y los regímenes autoritarios se ha extendido en toda la región de América Latina. Así lo expresaron cientos de académicos e investigadores de Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, España, México, etcétera, reunidos en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, convocado por un comité organizador encabezado por la directora del IIJ de la UNAM, doctora Mónica González, y el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el doctor Diego Valadés.
Las coincidencias son transparentes. Los dictadores y tiranos de la década de los años 60 y 70 en AL se impusieron por la fuerza, o mediante fraudes electorales, pero los modernos populistas son candidatos de partidos y ganan elecciones con los mismos mecanismos de la democracia. Como si se tratara de una receta, estos personajes, de derecha o de izquierda, mediante el uso de un discurso demagógico y antisistema (Milei, Bukele, Trump, López Obrador, etcétera), se hacen de la voluntad del electorado y logran la máxima representación política del Poder Ejecutivo, pero, ya teniendo el poder, mediante diversas estrategias, construyen una clientela electoral cautiva que les garantiza ampliar su poderío para cambiar la Constitución e instaurar un régimen autoritario, con una división de poder formal, pero ficticia en los hechos.
Como parte del legado lopezobradorista y con el reconocido beneplácito de la actual Presidenta, por ese camino estamos transitando en México desde el 1 de septiembre, cuando inició funciones la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, toda vez que la mayoría oficialista, formada por Morena, PT y PVEM, sin ningún pudor, están reformando la Constitución para imponer lo que ellos llaman el segundo piso de la 4T, que significa (ahora lo sabemos) acabar con la supremacía constitucional y con la división de Poderes.
A los autoritarios no les gusta lo complejo (Applebaum, 2021), luego, algunos de estos legisladores, tal vez, se preguntarán: ¿para qué complicar la relación de los Poderes de la nación bajo mecanismos de equilibrio y contrapeso, como lo pensaron los constituyentes que crearon las constituciones de 1824, 1857 y 1917, si ahora nosotros somos los supremos y no la Constitución? Así, la mayoría senatorial, la madrugada de ayer aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional de los artículos 105 y 107, presentada por el líder del grupo parlamentario de Morena, bajo el engañoso argumento de que es para proteger la Constitución, pero en realidad es para impedir cualquier contrapeso a las decisiones de la mayoría tirana, por ejemplo, la reforma judicial.
De esta forma, 200 años después de haberse promulgado la primera Constitución del Estado libre y soberano mexicano, la crisis constitucional que estamos viviendo no tiene precedente. Desde 1821, cuando se declaró la Independencia, ambiciosos personajes con hambre de reconocimiento público y actitudes confesionales han tratado de imponer su ideología política como una verdad universal en el texto constitucional, pero, una y otra vez, han sido derrotados. Así lo hizo Iturbide cuando se coronó emperador bajo el amparo de una mayoría legislativa de un primer constituyente que, ajeno a los intereses de los ciudadanos de las provincias, actúo obsequiosamente frente a los caprichos del autócrata.
Sólo la rebelión armada de las provincias pudo frenar la ignominia cometida por esos diputados que se decían representantes del pueblo, y que fueron sustituidos por un segundo Constituyente que logró unir a las provincias mediante el pacto social que implicó la Constitución de 1824, y que tuvo su base en el principio del equilibrio de poder tanto horizontal (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), como vertical (ámbito federal, estatal y municipal), para evitar la tiranía de cualquier individuo o grupo de poder que intentara anteponer sus intereses particulares a los intereses de la República.
Hoy, los mexicanos estamos viviendo la transformación del régimen democrático en uno autoritario, a partir de reformas constitucionales aprobadas por una oligarquía parlamentaria que trata de imponer una torcida visión de pensamiento político, como si de verdad absoluta se tratara; mientras, diversos estados arden por el narcoterrorismo, a pesar de la militarización de la Guardia Nacional.