Bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, Porfirio Díaz llegó al poder presidencial en 1876, y se mantuvo ahí hasta que estalló la Revolución en noviembre de 1910, convocada por Francisco I. Madero. Crisis política, económica y social del régimen dictatorial fueron factores que revivieron la vieja causa porfirista en voz de los revolucionarios: sufragio efectivo, no reelección.
Durante las tres etapas de su larga dictadura, el Porfiriato había enfrentado varias crisis que pudo sortear con prácticas conciliatorias e incluyentes, o con represión contra quienes no se doblegaron. El crecimiento económico, la tolerancia con la Iglesia católica (a diferencia de los liberales), el apoyo del ejército y la despolitización de la población, fueron factores que le permitieron a Díaz un periodo de ausencia de conflictos y competidores políticos, pero eso terminó después de 1903, cuando envejeció y no pudo seguir controlando las disputas internas de su equipo de gobierno por la sucesión presidencial y, además, por los efectos de la gran depresión económica mundial de 1907 (Revolución Mexicana, UNAM, 2018).
La crisis social no se hizo esperar, campesinos, obreros y una clase media rural insatisfecha fueron el preámbulo del crecimiento de la inconformidad política que desembocó en la exigencia de sufragio efectivo y puso en jaque la legitimidad de la continuidad de Díaz después de aquella fraudulenta elección de junio de 1910.
Ayer, 20 de noviembre, se cumplieron 116 años que Francisco I, Madero convocó a levantarse en armas contra la dictadura de Díaz. ¿Cómo se podía creer en la legitimidad política de un régimen que controlaba el voto? La pregunta perduró en el tiempo hasta las reformas constitucionales de la década de los 90, cuando se crearon los árbitros electores y garantizaron la legitimidad de los resultados electorales.
Hoy, cuando se creían superadas las preguntas, la crisis del Instituto Electoral Nacional vuelve a poner en el centro del debate público la duda de la legitimidad de la representación política por falta de confianza en el árbitro. No obstante que el Consejo General aprobó el 5 de noviembre un acuerdo para endurecer las reglas de contratación y dar prioridad a las licitaciones públicas, el daño ya está hecho. Porque la duda no surge del discurso al calor del debate de la competencia electoral, surge de la evidencia, y es ahí cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se equivoca al decir que hay actores que quieren poner en duda la elección del próximo año. La duda es ahora sobre la falta de confianza hacia el árbitro.
En la elección de 2006, la exigencia del entonces candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador, fue que cesarán a todos los consejeros electorales por señalamientos de un fraude ficticio. ¿Acaso esa solución no aplicaría en el presente cuando hay un daño reala la democracia? ¿No sería mejor prevenir para que si haya legitimidad de los resultados electorales, en lugar de andar queriendo ensuciar a los exconsejeros electorales del pasado?, ¿quiere gobernarse con el miedo y la amenaza en lugar del Estado de derecho?
Además, ¿porque la presidenta Sheinbaum se asume como una competidora electoral? Un gobierno democrático tiene el deber de respetar la independencia del árbitro en una contienda en la que su partido tiene intereses. Intervenir como si ella fuera la presidenta de Morena y utilizar la tribuna presidencial de las conferencias matutinas para acusar o señalar a quienes ella considera sus adversarios políticos polariza y genera desigualdad en la contienda electoral ¿no podría considerarse como un delito electoral? (artículo 108 de la Constitución). La polarización y descalificación fueron rasgos de la forma de gobernar del expresidente López Obrador ¿por qué se replica hoy?
Este 20 de noviembre vale la pena reflexionar sobre el significado del sufragio efectivo y repensar el fortalecimiento de los mecanismos de legitimidad del poder político, porque después de 2027 ésta dependerá, en parte, de la confianza que merezca el resultado de la elección.
