Después de las masivas manifestaciones del 13 de noviembre del 2022 y el domingo 26 de febrero de este año (en más de 100 ciudades del país), no cabe duda de que la gran mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con la declaración de guerra del Presidente de la República en contra del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero el Presidente, su partido de Morena, y sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México, no tienen planeado perder ninguna batalla (aunque perdieron la primera que consistió en querer reformar la Constitución).
Todavía no se publicaban en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas de las leyes secundarias del plan B, y Morena y sus aliados ya habían iniciado la siguiente batalla contra el INE. Ésta consiste en hacerse de la mayoría del Consejo del INE para poder ejecutar, de forma inmediata, el plan B. Para lograrlo, necesitan que el nuevo presidente del INE sea incondicional de los mandatos del Poder Ejecutivo. Es decir, Morena no sólo necesita un INE sometido, sino de un presidente del INE totalmente subordinado.
Por ello, no es fortuito que Morena se haya inconformado con lo que el Tribunal de Justicia Electoral decidió sobre la terna para elegir a quien debe encabezar al INE. Que ésta debe ser encabezada por una mujer. Morena y compañía ya habían decidido quién supliría a Lorenzo Córdova y no era Carla Humphrey, aun cuando se le considera cercana a Morena. Tal vez porque ella no goza de la confianza del presidente López Obrador, ya que a él no le gusta que las mujeres puedan llegar a los cargos por sus propios méritos. Ayer escuché a la consejera quien le dijo a Joaquín López-Dóriga: “Yo tengo los votos necesarios”, se refería a la posibilidad de encabezar la terna para presidir el consejo, y ese fue su error, no la dejarán pasar, porque si quiere presidir la institución electoral, tiene que contar con el beneplácito del patriarca.
Lamentablemente, pase lo que pase con la nueva conformación del consejo, el destino del INE es incierto, depende de que se logre que ocho de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaren inconstitucionales las reformas de las leyes secundarias del plan B que fueron publicadas en esta semana. Pero, no se tiene claro que se logre esa cantidad de votos, no obstante, de que un gran número de académicos y especialistas del tema electoral han emitido su opinión y no tienen duda sobre la inconstitucionalidad de las reformas.
Por otra parte, si no se logra revertir el plan B, aún con la imposición de un nuevo presidente del Consejo General del INE a modo del poder presidencial, no se podrá garantizar que el INE siga cumpliendo con su papel de árbitro, ni que pueda lograr con éxito su encomienda constitucional de organizar las elecciones y legitimar las representaciones políticas que de ellas emanan.
De cualquier forma, en cualquiera de los escenarios posibles, la funcionalidad del INE ya fue vulnerada, ya que, en este preciso momento, ya se ejecutó el mandato del cese del funcionario administrativo más importante, me refiero al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo. Y, en los próximos días, comenzarán las bajas del personal de servicio civil de carrera y la desaparición de las estructuras a nivel federal y local.
En ese contexto, aún cuando la SCJN determine la inconstitucionalidad de las reformas del plan B, se requiere seguir impulsando las acciones de resistencia para defender al INE y los órganos locales, pero, no sólo desde el ámbito ciudadano, sino también desde las organizaciones partidarias de oposición.
Es decir, ante las decisiones presidenciales autoritarias que vulneran los avances de la consolidación del régimen democrático, se requiere que, además de que los actores principales de esos partidos se presenten a las marchas ciudadanas, impulsen una estrategia de ciudadanización de sus institutos políticos que les permitan recuperar la confianza ciudadana y transiten de la actitud defensiva a una ofensiva.