Primero fue el EZLN

Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio” fue una de las propuestas del movimiento zapatista en Chiapas (EZLN, enero de 1994) en las mesas de La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Precisamente fue el punto de controversia con el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, quien finalmente, no mandó la iniciativa al Congreso de la Unión que reformaba algunos artículos constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en esos términos, a pesar de haberse producido en el contexto de los acuerdos de San Andrés Larráinzar (febrero de 1996).

Fue el presidente Vicente Fox quien mandó la iniciativa al Senado tal  como había sido redactada por los diferentes actores que participaron en la mesa de negociaciones, pero, los senadores excluyeron ese punto y los zapatistas y varios pueblos indígenas se inconformaron por tal hecho. No obstante, la reforma fue publicada en agosto de 2001 y, aunque significó un gran avance por el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, no fue obstáculo para que esa población siguiera sufriendo el impacto de políticas de desarrollo excluyentes. Por ejemplo, a pesar del reconocimiento del derecho a “preservar y enriquecer sus lenguas…” en la fracción IV del inciso A del artículo 2do constitucional, la población que habla alguna lengua indígena disminuyó de 10 millones 913 mil 110 en 2000 a 7 millones 400 mil personas en el 2020 (Inegi). De esta forma, en el mismo periodo de tiempo, se perdieron 17 lenguas, pasando de 85 a 68.

Bajo ese contexto, ayer, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para dictaminar la iniciativa presidencial enviada en febrero de este año, que retoma la propuesta zapatista de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. El dictamen se votó en lo general a favor por los 37 legisladores presentes, y de las reservas en lo particular, sólo fue aceptada la de la diputada morenista, la indígena chinanteca, Irma Juan Carlos, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas y que fue respaldada por diputados del PRI y del PAN en su propuesta. Así, la iniciativa incluyó, en primer lugar, reconocer también como sujetos de derecho público a pueblos afromexicanos; en segundo lugar, que el reconocimiento de derechos fuera progresivo y, tercer lugar, el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a ser consultados cuando son afectados por las acciones de gobierno, “¡No más megaproyectos que afecten nuestro territorio!”, dijo la ponente con visible nerviosismo.

Seguramente, la votación unánime de los diputados de todas las fracciones parlamentarias que conforman la Comisión de Puntos Constitucionales es un reflejo del sentir de la mayoría de las y los mexicanos: reconocer los derechos de esta población y que se respeten. No obstante, la voluntad reformadora del Poder Legislativo no es suficiente. Por ejemplo, durante la dictaminación de la reforma constitucional aprobada el día de ayer, faltó clarificar por parte de los legisladores cómo van a lograr concretar los cambios constitucionales en la realidad territorial de cada estado donde se encuentran asentados esos pueblos, que, además, son los más pobres e inseguros de la República.

La reforma implica reconocer un cuarto nivel de gobierno, por lo tanto, se tendrán que etiquetar presupuestos para ser administrados por esos pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Por otra parte, implica un cambio entre la relación de gobierno estatal y municipal con esos pueblos. Además, implica identificar cuáles son reconocidos con ese estatus, a lo cual ya se adelantó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ayer mismo, porque su titular, Adelfo Regino Montes, publicó en el DOF el Catálogo Nacional que reconoce la existencia de 12 mil 683 comunidades indígenas y afrodescendientes.

La futura presidenta, Claudia Sheinbaum, quien apoya esta reforma ¿ya contará con un dictamen del impacto presupuestario y de gobernabilidad al respecto?, ¿qué opinan los gobiernos como el de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, por ejemplo?