Periodistas sin garantía de libertad de prensa

Si investigáramos quiénes son los propietarios de los medios de comunicación, tal vez nos llevaríamos una sorpresa. No son pocos los políticos que invierten en este tipo de empresas. Los medios de comunicación son una herramienta poderosa, no sólo para difundir su imagen, sino para manipular y hasta destruir la imagen de los adversarios. Sin embargo, no es lo mismo ser empresario aspirante a tener poder político que ser empresario con poder político. En ese contexto, no falta el periodista incómodo que no se sujeta a la relación subordinada que prevalece en otras empresas. Seguramente, Lourdes Maldonado era una de ellas. Una mujer empoderada que llevó hasta las últimas consecuencias la denuncia de su injustificado despido de una de las empresas del exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla. Lourdes ganó la demanda laboral, pero no pudo disfrutar de su éxito porque fue asesinada el 23 de enero ¿Sabremos quién la asesinó o su muerte sólo se convertirá en una cifra más de la terrible estadística de periodistas asesinados en México? Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno investigará a fondo, pero no es el único homicidio de una periodista, las carpetas de investigación se acumulan al igual que las de los asesinatos de defensores de derechos humanos y de mujeres (2021 con récord histórico de feminicidios).

Datos de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) evidencian que México mantiene, por tercer año consecutivo, su liderazgo como el país más peligroso del mundo para la prensa, incluso por encima de Afganistán (Balance anual 2021, de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos). De acuerdo con la organización Article 19, los estados donde más asesinatos de periodistas se registran son: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, México, Sinaloa y Sonora.

Para enfrentar la situación de violencia que sufren los periodistas y defensores de los derechos humanos, en el 2012 se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, hasta diciembre del año pasado, tenía registradas a mil 478 personas beneficiarias. Con base en los datos difundidos en el último informe del mecanismo, desde diciembre del año 2018 a la fecha, han sido asesinados 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección.

No obstante que la violencia prevalece, sólo seis entidades de la República cuentan con organismos locales de protección: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla. Ésta puede ser una de las razones del por qué no se puede brindar una protección eficiente a los periodistas, pero hay otros motivos. Por ejemplo, la desaparición del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (cuando el Congreso de la Unión desapareció los fideicomisos en octubre del 2020). En ese entonces, ante las protestas de varios actores, el Presidente de la República, afirmó: “Quienes defienden los fideicomisos, defienden la corrupción”.

El 6 de noviembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la desaparición de 109 fondos y fideicomisos públicos por lo que, a partir de esa fecha, la Secretaría de Gobernación se encarga del presupuesto y administración de los recursos para la aplicación del mecanismo que, en julio del 2021, informó que en los años 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos, mientras que, en el siguiente año, se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos. Siendo insuficientes los recursos, solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual le daría un presupuesto total, para 2021, de 416.6 millones de pesos.

En un régimen democrático, la función de los periodistas es esencial para mantener informada a la población y para poner límites al poder, para cuestionarlo, para transmitir a las personas los abusos del poder. En ese contexto, es reprobable que haya desaparecido el fondo, pero es muy grave darnos cuenta que los periodistas asesinados en Tijuana estaban bajo la tutela del mecanismo, porque eso demuestra claramente que éste no es efectivo.