Si un parlamento abierto es transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana inclusiva y ética, y probidad del legislador, entonces el Congreso de la Unión puede calificarse como un parlamento cerrado.
La alianza ParlAmericas, que agrupa a 35 legislaturas entre las que se encuentran las de Estados Unidos, Canadá y México, señala que un parlamento abierto implica que el trabajo legislativo debe ser de “cocreación” entre las y los legisladores, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía en general. Es decir, que las iniciativas de reformas constitucionales y legales fueron construidas con la participación de los diversos sectores sociales, políticos y económicos del país.
Se entiende que durante el periodo hegemónico del PRI no fue necesario porque las iniciativas eran presentadas sólo o, en su gran mayoría, por el Poder Ejecutivo. Con el proceso de democratización que inició a finales de los años 90 los legisladores pudieron presentar iniciativas, pero pocas veces se consultó a otros actores. Un periodo en el que si se realizaron consultas abiertas fue en la XL Legislatura bajo la Ley de la Reforma Política. De ahí emanaron reformas como la electoral y de justicia penal de 2008. Posteriormente, en la LXII Legislatura, todas las iniciativas de reformas constitucionales y legales derivadas del Pacto por México, fueron ampliamente consensuadas no sólo entre los legisladores, sino con diversos actores involucrados de forma directa o indirecta.
Pero, a partir de 2019, la nueva concentración de poder del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, impactó negativamente en el ejercicio de esa facultad por parte de los legisladores. Si bien es cierto, que tanto diputados como senadores presentaban iniciativas, difícilmente prosperaron porque la agenda prioritaria fue la del Poder Ejecutivo; y, porque al interior del Legislativo fue imposible construir acuerdos entre los grupos parlamentarios por la misma polarización encabezada por el expresidente. Ejemplo de esto son las reformas que se aprobaron durante septiembre de 2024, las cuales habían sido presentadas por el expresidente el 5 de febrero de ese mismo año.
El arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum generó expectativa respecto a si el Congreso volvería a abrir la participación plural de la sociedad en la materia legislativa. En apariencia así fue. Algunas iniciativas que ha impulsado el oficialismo han sido expuestas en foros donde algunos sectores se presentan a realizar propuestas, pero en los hechos, las iniciativas no han sido modificadas. Han pasado los meses y la imparable fiebre de reformas constitucionales y legales aprobadas por el bloque oficialista no ha tenido ningún límite. Muestra de ello es lo que sucedió en estos días que se aprobó el paquete económico. Analistas y estudiosos de la materia no terminaban de leer las iniciativas de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto, cuando ya se estaban votando otras tres leyes que, si bien estaban relacionadas, no era necesario que se aprobaran de forma precipitada.
Esas tres leyes que tienen un fuerte impacto en la economía del país y en la vida de los ciudadanos son: la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre y cuya entrada en vigor fue el día siguiente; la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada en el 23 de octubre; entró en vigor un día después, y la tercera fue el decreto de reforma de diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicada el mismo 23 de octubre, pero entrará en vigor el 1 de enero próximo.
Tal vez, la prisa por aprobar leyes se deriva de presiones externas, por ejemplo, las negociaciones del T-MEC, sin embargo, cada vez es más evidente el rechazo de los ciudadanos a la forma autoritaria de tomar decisiones del poder legislativo, el cual es uno de los peores evaluados con 20% de confianza, incluso por abajo de El Salvador con 42% (Latinobarómetro, 2026). Y eso que todavía no se conocía lo de Broxel.