La crisis por la violencia familiar

Si comparamos las gráficas de los datos de denuncias sobre delitos de alto impacto del mes de enero contra los de febrero de este año, podemos ver una ligera disminución de algunos delitos, por ejemplo, los de homicidios dolosos, pero, si comparamos los datos de febrero de 2022 con el de este año, las cosas cambian, se ve claramente que hay más denuncias ahora (2,258 contra 2, 282 denuncias, respectivamente). Pero, por otra parte, si comparamos los feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, se nota el incremento mes con mes y año con año.

Lamentablemente, a partir de los datos publicados esta semana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se puede concluir que siguen creciendo los números de otros delitos que afectan más a las mujeres: contra la libertad y la seguridad sexual y la violencia familiar. Quizás estos datos ya no causan sorpresa, porque la tendencia de mayor violencia hacia las niñas y mujeres quedó marcada en la coyuntura del confinamiento por la pandemia de covid-19.

Hoy, la pandemia casi concluyó y la curva  de denuncias de estos delitos sigue creciendo. Incluso en el caso de homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones forzadas, el porcentaje de mujeres con respecto al de los hombres ha crecido más en algunos estados (la semana pasada escribí sobre esos datos). Pero, de los recientes datos, lo que más llama la atención por la magnitud de crecimiento y los daños colaterales que implican son los relacionados con la violencia familiar. En febrero de 2022 y de 2023, se denunciaron 17, 913 y 21,196 delitos de violencia familiar, respectivamente.

El problema es mayúsculo si consideramos que la violencia en el hogar impacta no sólo de forma directa a quienes la padecen (víctimas de violación, de agresiones físicas, psicológicas, patrimoniales, simbólicas, feminicidio, etcétera.), sino  también a los otros integrantes de la familia, mayormente a los hijos. En ese contexto, si pudiéramos medir las consecuencias de la violencia familiar, tal vez podríamos descubrir por qué se incrementaron los suicidios, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el bullying (no sólo el de agresiones físicas, sino también el llamado ciberbullying mediante las redes sociales) y, hasta el incremento de determinadas enfermedades, no sólo psicológicas, sino físicas de algunos de los integrantes de las familias con problemas de violencia cotidiana.

Sin embargo, no tenemos esos datos, ya sea porque algunos problemas no se han medido nunca o porque los que se medían, por cuestiones de recortes presupuestales, ya no se hacen (por ejemplo, el de consumo de drogas). Por otra parte, no sólo es importante analizar las consecuencias de la violencia en el seno de la familia, sino también el origen de esa violencia. La pregunta es ¿quién debería realizar ese trabajo?

El Inegi con sus encuestas periódicas sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares, que realiza cada cinco años desde el 2006, hace una gran aportación, y también sirven mucho los datos del Secretariado de Seguridad Nacional que se difunden mes con mes, pero no es suficiente, se necesita analizar los datos y construir políticas públicas, programas y acciones focalizadas para atacar el origen de la violencia familiar y frenar su crecimiento y sus consecuencias. Ese trabajo sólo lo puede realizar el Poder Ejecutivo en sus tres niveles.

Algunas personas podrán pensar que ya existe el Inmujeres o el Conavim para hacer ese trabajo, pero no, no es así; en este momento ninguna de las dos instituciones cuenta con las facultades y recursos para hacerlo, eso no quiere decir que, tal vez, en un futuro no muy lejano, se les dote de las herramientas necesarias, con más razón  ahora que hay un gran número de gobernadoras y, más aún, cuando los datos recientes evidencian que en donde más están creciendo las denuncias de delitos en general por cada 100 mil habitantes, son Colima, Quintana Roo, BC, Aguascalientes y la Ciudad de México. Aunque justo es decir que, con esa misma medida proporcional, en donde más homicidios dolosos se cometen es en Zacatecas, Colima, Chihuahua, Morelos y BC.