“Los resultados hablan por sí mismos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar su Segundo Informe de Gobierno. Abundó en convenientes datos sobre el tema de seguridad pública. Pero hay otros datos y palabras que no merecieron ser citadas ni verbalizadas ni escritas: “Personas desaparecidas”, “personas no localizadas”, “fosas clandestinas”, “crisis forense o madres buscadoras”. Es decir, en realidad, los resultados no hablan solos; decidió cuáles podían hablar y cuáles deben permanecer en silencio.
En una democracia constitucional, el Informe anual del titular del Poder Ejecutivo no es para hacer recuento de selectivos datos, es para rendir cuentas sobre los resultados de los programas de política pública y el uso de los recursos que año con año aprueban los diputados en el contexto de la relación de contrapeso de poder. Pero, en México, la democracia constitucional se encuentra debilitada y poco importa si el Informe sirve sólo de propaganda política en el preámbulo de las elecciones de 2027.
Tampoco es que alguna vez los mexicanos hayamos gozado de una real rendición de cuentas a partir del Informe y la glosa presidencial. Durante el periodo del PRI hegemónico y el presidente con poder metaconstitucional, el Informe sirvió para instaurar “el día del presidente” o como se conocía detrás bambalinas políticas “el día del besamanos presidencial”. Representantes de diversas élites política, económica y social, se daban cita en el recinto legislativo para hacerse visibles frente a ese hombre con poder omnipotente que movía los hilos de los tres órganos de poder. Fue en las escasas coyunturas de instalación de las legislaturas LIV, LVI y LX que el protocolo formal del Informe se rompió y sirvió para trasladar, de la calle al recinto parlamentario, la polarización política por el fraude electoral de 1988; el derrumbe del poder hegemónico del PRI en 1997; y las diferencias electorales de 2006 entre López Obrador y Calderón Hinojosa. Gritos, sombrerazos, una que otra oreja de burro y batallas campales —usando de arma las curules—, se hicieron presentes en esas sesiones. Sendos discursos pueden leerse aún, de aquellos que a nombre de sus bancadas parlamentarias subieron a la alta tribuna legislativa para ser condescendientes o críticos del gobierno en turno.
El Informe tampoco sirvió para rendir verdaderas cuentas en el corto periodo democrático de las alternancias presidenciales que, sin abusiva mayoría legislativa, tuvieron que construir acuerdos para reformar la Constitución y fortalecer los pilares de la democracia constitucional. Mismos pilares que han sido fracturados después de 2018 mediante la cancelación de controles de poder, la colonización de los árbitros electorales, la exclusión de las minorías parlamentarias y la desaparición de órganos autónomos de rendición de cuentas.
Así el Informe presidencial se ha convertido en el pretexto ideal para la retórica de una rendición de cuentas con datos y cifras que, tal vez, sin maquillaje visible, se eligen cuidadosamente para fortalecer la farsa que se organiza en un espacio cómodo para el gobernante en turno y frente a un público con máscara de invitado complaciente.
Pero, del otro lado está lo que se invisibiliza en los informes: la terca realidad. Cada titular del Poder Ejecutivo que decide hablar sólo para el espejo se autoengaña; el costo llega, tarde que temprano.
En este Informe, la disminución de los homicidios sería una buena noticia si permitiera acreditar una reducción integral de la violencia. Pero, además, esa conclusión no puede sostenerse sin explicar qué ocurre con las desapariciones, especialmente las que han crecido desde el pasado sexenio: las de niñas y adolescentes. Rendir cuentas no consiste sólo en presentar los datos favorables, obliga a responder por las vidas que todavía no han sido localizadas y por las familias que sin palabras escritas que los visibilice en las más de 700 páginas del informe presidencial, abren fosas día y noche en diversos territorios de la República con la esperanza de encontrar, al menos, los huesos de sus hijos.