Identificación biométrica, ¿obligación o derecho?

El 27 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva iniciativa de reformas legales en el Senado de la República para modificar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la General de Población para crear una identificación oficial de cada ...

El 27 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva iniciativa de reformas legales en el Senado de la República para modificar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la General de Población para crear una identificación oficial de cada persona que incluye la Clave Única de Registro de Población (CURP) y datos biométricos como la huella dactilar y fotografía; a su vez, los datos de esta credencial servirían para crear una Plataforma Única de Identidad que servirá para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas.

Aunque por distintas razones, ésta no es la primera vez que el Poder Ejecutivo quiere hacer un padrón de personas con datos biométricos, en abril de 2021 se intentó hacer un padrón de usuarios de telefonía, mediante las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las declaró inconstitucionales ante la petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y las fracciones parlamentarias de oposición.

Hoy, a pesar de que la propuesta se presentó bajo la presión de la crisis de desapariciones forzadas, resulta muy alarmante que no se haya escuchado la opinión de los diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas. Eso es inconcebible si consideramos que la iniciativa contiene un mecanismo de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las fiscalías, incluso propone que las desapariciones se reporten de forma periódica al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que genere un informe desglosado por entidad federativa que será publicado, y entregado al Sistema Nacional de Búsqueda, lo cual va a evitar el olvido de los desaparecidos, tal y como lo hicieron en el sexenio pasado.

Entonces, si todo se quiere trasparentar ¿por qué no se incluye a los colectivos de los familiares de las víctimas en la coordinación?

Por otra parte, resulta contradictorio que la iniciativa reconozca que las personas pueden registrarse voluntariamente, pero también establezca que la CURP que (…) contenga huellas dactilares y fotografía, será el documento identificación nacional obligatorio, de  aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional (…).

Si bien es cierto que los mexicanos queremos disfrutar de una identificación oficial, porque la credencial del INE no fue creada para eso, también es cierto que el robo de datos y de identidad se ha vuelto tan común, que no hay confianza para compartirlos con alguna institución sin autonomía y sin responsabilidades claras, como lo fue el Inai antes de que Morena lo desapareciera. Al respecto, en la iniciativa se puede leer que será la Secretaría de Gobernación la que llevará a cabo las acciones para integrar los datos biométricos de las personas a la Clave Única de Registro, pero no queda claro bajo qué facultades y responsabilidades lo haría.

Por otra parte, se propone que el “Registro de Población que cuente con los datos biométricos se vinculará con el Registro del Sistema Nacional de Salud, que prevé la Ley General de Salud”, pero, tampoco queda claro bajo qué condiciones, es decir, los datos de cada persona van a pasar por diversas instancias de gobierno sin que haya garantía de su resguardo.

Sin lugar a dudas, los ciudadanos requerimos una identificación oficial, porque la credencial para votar ha servido como tal, pero no fue creada para eso. Incluso, si alguien quiere cambiar su credencial en este momento, porque ya se terminó su vigencia, le dirán en el módulo correspondiente del INE que no pueden hacerle la actualización por el proceso electoral para elegir a los integrantes del Poder Judicial. Así que, si no cuenta con un pasaporte u otra forma de identificarse, sólo podrá realizar trámites oficiales hasta después del mes de junio.

En ese contexto, la iniciativa es necesaria, pero, ¿por qué imponer una identificación como una obligación y no como un derecho? ¿Por qué no actuar con benevolencia y empatía con las madres buscadoras? ¿Acaso no conmueve, aunque sea un poco su sufrimiento y el que las estén asesinando? De eso, la propuesta nada dice.

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