El informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, publicado el 2 de abril de 2026, no es una sentencia contra México (aún), pero sí implica un duro golpe político contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque les dio la razón a las víctimas respecto a la existencia de la crisis en materia de derechos humanos. El documento concluye que en México las desapariciones forzadas se han perpetrado como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos contra población civil. A pesar de que en el mismo informe se trata de matizar la participación directa del gobierno para cometer esos actos, el organismo internacional encontró evidencia de que agentes públicos están involucrados en estos crímenes y, además, resalta patrones de colusión o aquiescencia de autoridades, deficiencias de búsqueda e investigación, crisis forense y fragmentación penal que “borra” la desaparición forzada como tal. Fueron estas las razones por las cuales el Comité solicitó a la Asamblea General de la ONU que examine la situación, una medida excepcional que indica la gravedad de la crisis.
Es oportuno citar que para que las desapariciones sean consideradas como “crimen de lesa humanidad” deben cumplir dos elementos: ataque generalizado o sistemático contra población civil y conocimiento de dicho ataque (Estatuto de Roma y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Por ello, el Comité determinó que existen indicios bien fundados de ambos elementos, toda vez que, por un lado, las desapariciones forzadas siguen ocurriendo de forma creciente bajo un patrón sostenido en el tiempo hasta sumar más de 130 mil; en varios eventos se ha comprobado la participación estatal mediante agentes públicos involucrados directa o indirectamente y, prevalece la impunidad estructural.
México acumula observaciones desde 2015. En 2018 y 2023, el Comité reiteró que persistía una situación generalizada. En 2021 habló de impunidad casi total y, al 28 de febrero pasado, había registrado 819 acciones urgentes relativas a México (36.5% del total de sus casos bajo ese procedimiento).
Frente a la difusión del contenido del informe, la respuesta del gobierno fue contundente. La presidenta Sheinbaum calificó el informe como “tendencioso y falto de rigor jurídico”, sostuvo que el Comité excede su mandato al ampliar indebidamente la definición de desaparición forzada, y señaló que las desapariciones son obra del crimen organizado y no de una política estatal.
Sin embargo, pese que a el gobierno quiere reducir el fenómeno de la delincuencia organizada (y claro que el crimen organizado desaparece personas), el problema es que el derecho internacional dice que también hay desaparición forzada cuando el Estado tolera, permite, encubre o no actúa frente a esos hechos. Es decir, la postura del gobierno mexicano de que “no existe una política federal” no descarta automáticamente la calificación de crimen de lesa humanidad.
En otras palabras: el Comité no está diciendo que todo desaparecido en México sea víctima de desaparición forzada. Lo que está diciendo es que existe un patrón muy grave y persistente que está afectando los derechos humanos de miles de personas, porque a pesar de los avances institucionales señalados por el gobierno, la cifra de desaparecidos sigue creciendo y los casos permanecen impunes. Esto sugiere que las políticas implementadas no abordan las causas estructurales del problema. Frente a eso, la pregunta no es si el gobierno actual es culpable de la crisis, sino si está dispuesto a asumirla. Porque en materia de desapariciones forzadas, gobernar no sólo es deslindarse del pasado, es impedir que el horror continúe creciendo.
La reacción de la presidenta Sheinbaum es entendible, porque, quizás considera que ella está gobernando diferente a su antecesor (lo cual es cierto), pero no les sirve a las víctimas ni abona a una solución. Porque cuando un Estado se defiende diciendo “no somos nosotros, son los cárteles”, pero al mismo tiempo no logra romper la colusión local, la impunidad judicial y la descomposición forense. La defensa se vuelve banal.