El INE y democracia
La ola de manifestaciones ciudadanas de ese tiempo inició en la Ciudad de México con los sismos de 1985.
Decir que “los conservadores o corruptos” son los que están convocando a la segunda manifestación del domingo para defender al INE son mentiras mañaneras que, con dolo, se inventan para descalificar y minimizar el hecho de que más de 100 ciudades van a participar. El éxito de la convocatoria no debería extrañar a quienes llegaron al poder en 2018, lo saben bien, en la historia política reciente, no es la primera vez que los ciudadanos toman las calles para defender la democracia.
Y es que la democracia mexicana es tan joven que, incluso, muchos de los que están dispuestos a manifestarse el domingo, son los mismos que participaron en las décadas de los años 80 y 90 en el preámbulo de las reformas político electorales que le dieron vida al Instituto Nacional Electoral y autonomía al Tribunal de Justicia Electoral.
La ola de manifestaciones ciudadanas de ese tiempo inició en la Ciudad de México con los sismos de 1985 (esporádicamente, desde 1982 hubo movilizaciones ante las constantes devaluaciones). Ante la tragedia, miles de ciudadanos, de forma espontánea, salieron a las calles, en un primer momento, a solidarizarse con las víctimas. Sobraban los picos, las palas y los voluntarios para levantar los escombros y rescatar a vivos y muertos. Pero, casi de inmediato, en un segundo momento, el sentimiento de solidaridad que surgió del dolor, se convirtió en coraje y frustración en contra de un gobierno que no tuvo la sensibilidad de atender prioritariamente la emergencia. Fue como si el terremoto hubiera sacudido algo más que la tierra. Las manifestaciones se reprodujeron una y otra vez, miles de veces, primero por vivienda, después por mejores condiciones de trabajo o por educación de calidad (1986) y, finalmente, por la democracia electoral (contra el fraude electoral de 1988).
Ahí, en ese preciso momento, sin que se predijera desde mi punto de vista, comenzó el principio del fin de un modelo de gobierno autoritario con un presidente con poder metaconstitucional (término que acuñó el doctor Carpizo) que durante varias décadas surgió de un partido hegemónico.
Quizás, en esos tiempos, pocos de los manifestantes tenían consciencia de que, teóricamente, la democracia puede ser formal, sustancial, real, ideal, ciudadana, política, electoral o social, pero muchos percibían que no podía haber democracia sin libertad política para elegir a los gobernantes de entre varias opciones; si quienes se oponían al gobierno eran declarados enemigos en lugar de adversarios y se les perseguía, desaparecía o asesinaba; si quien organizaba y calificaba las elecciones era el secretario de Gobernación; si para aspirar a un cargo de representación popular los políticos tenían que afiliarse al partido oficial; si las mujeres no tenían el “piso parejo” para competir políticamente.
De esta forma, el régimen político sólo pudo consolidarse como democrático cuando se reformó la Constitución para reconocer y garantizar el pluralismo político, y se creó una institución garante de esa libertad política, es decir, cuando se creó el Instituto Federal Electoral (INE desde 2014). Fue entonces que las y los mexicanos, aprendimos que, si hay árbitro, puede haber alternancia del poder político, porque hay reglas claras y se cumplen. La competencia política implica que, el que logre gobernar, tenga que esforzarse por hacerlo de la mejor manera para cumplir con su compromiso del “bien común”, porque quienes aspiren a ese mismo cargo, intentarán ganarse la confianza ciudadana a partir de una mejor oferta política.
En ese contexto, sólo la competencia electoral y la libertad política, pueden mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, porque si hay libertad para decidir, hay posibilidad de castigar o premiar a un buen o mal gobernante; sin árbitro, sin INE, esa garantía de libertad no existe.
Por estas razones y porque soy una de las miles de personas que, desde 1985, marcharon docenas de veces por la democracia, el domingo voy al Zócalo a manifestarme en contra del plan B del presidente López Obrador, porque lesiona al Instituto Nacional Electoral y pone en peligro nuestra democracia.