Las autoridades federales y estatales quisieron minimizar el hecho de los desplazados de Chilapa y la Montaña Baja de Guerrero, informando que eran menos de 100 personas las afectadas, pero sus acciones los delataron. En el operativo que realizaron para liberar las vías de comunicación y escoltar el regreso de las familias a sus comunidades, participaron más de mil 200 elementos de las FA, la GN y la policía estatal, con vehículos y helicópteros de apoyo. No fue un desplazamiento menor, sino el éxodo de un pueblo entero.
Las acciones de extrema violencia del crimen organizado en contra de estas comunidades han sido documentadas por medios de comunicación. También se han difundido las conmovedoras y polémicas imágenes de niños que son entrenados para que defiendan a su comunidad. No hubo ninguna forma de defenderse, cientos de aterrados pobladores abandonaron sus hogares, animales y las pocas pertenencias que tenían para ponerse a salvo. No es la primera vez que esta comunidad indígena enfrenta acciones violentas del crimen organizado. Incluso, en marzo de 2024 fue asesinado Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la presidencia municipal.
Pero, Chilapa no es el único pueblo que padece esta problemática, desde hace varias décadas, sin importar el color político de quien gobierne, Guerrero vive una combinación de violencia criminal, comunitaria, política y disputa territorial. Es decir, no estamos ante hechos aislados, sino ante una de las tantas regiones donde el poder criminal busca influir sobre la vida pública, la movilidad, los caminos, las comunidades y, en algunos momentos, los procesos electorales.
En ese contexto, es plausible que el desplazamiento actual no apareció de la nada. Antes hubo amenazas, miedo, control territorial, asesinatos, desapariciones, bloqueos y ausencia de autoridad. Por eso el desplazamiento es el punto más crítico: es cuando la población decide que permanecer en su comunidad es más peligroso que abandonarlo todo. Ciertamente, las autoridades federales y estatales acudieron a la zona y anunciaron bases de operación, corredores seguros y apoyo social, sin embargo, llegaron después del daño; además, mantendrán la presencia a largo plazo?
Al respecto, cabe mencionar que desde 2014, Guerrero cuenta con una Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno, lo cual vuelve más grave la falta de prevención efectiva: no era un fenómeno desconocido o imprevisible. Por otra parte, la misma ley establece las atenciones que tienen que recibir las personas afectadas, ¿recibirán alojamiento digno, salud, educación, protección y seguridad? Si no, el problema no es sólo de violencia criminal, sino de incumplimiento institucional.
Por otra parte, los éxodos de pueblos completos no son un hecho privativo de Guerrero. El informe Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2024, de la Universidad Iberoamericana, documentó que en 2024 hubo 28,900 personas desplazadas en 72 eventos en 13 estados, y que la principal causa fue la violencia de grupos del crimen organizado.
Entre los más afectados se encuentran Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas. Con excepción de los dos últimos, los demás tienen un común denominador: las víctimas principales son los pueblos y comunidades indígenas, quienes, además, no sólo padecen violencia, sino que suelen enfrentarla con menos protección institucional, menor acceso a justicia, menor visibilidad pública y respuestas estatales tardías.
Si bien es cierto, el desplazamiento violento de personas revela que las instituciones de gobierno perdieron la capacidad de proteger territorio, población y vida comunitaria, también es cierto que, los efectos negativos de los desplazamientos son mayores cuando son de pueblos y comunidades indígenas, porque el desplazamiento significa mucho más que perder una vivienda. Implica perder territorio ancestral, lengua comunitaria, redes de cuidado, prácticas religiosas, tierras de cultivo, autoridades tradicionales, sistemas normativos internos y formas propias de organización. Por cierto, todo esto reconocido en la Constitución como parte de sus derechos, sólo falta que les cumplan.