Desapariciones invisibles

Ayer, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, diversos colectivos de Familiares y Madres Buscadoras se manifestaron en las calles de varias ciudades de la República Mexicana. En el Zócalo de la Ciudad de México, algunas de ellas tocaron las puertas del Palacio Nacional para que su inquilino las atendiera, pero, igual que siempre, el presidente Andrés Manuel López Obrador no las recibió, al contrario, fueron cercadas por un fuerte operativo de policías.

Mientras en el interior de la confortable residencia, un grupo de reporteros independientes le aplaudían al Presidente, afuera, después de varios días de plantón y de resistir la inclemencia de las fuertes lluvias, una madre buscadora rompió en llanto por la impotencia que significa buscar un hijo desaparecido, y ser invisibilizada por la indolencia de un Presidente que dejará como legado de su gobierno, el más grande número de víctimas por ese delito (más de 50 mil del total de 110 contabilizados desde 2006).

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las desapariciones forzadas violan diversos derechos, por ejemplo, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad y seguridad de la persona, a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a una identidad, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, etcétera, López Obrador hizo oídos sordos a los reclamos de las madres y familiares de las víctimas, y se negó siquiera a recibirlos. Sólo lo hizo en el caso de los padres de los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, pero casi al final de su mandato, y en las dos reuniones terminó confrontándolos.

Cabe mencionar que, por la sistematicidad y generalidad de la comisión de este delito, las desapariciones forzadas en México pueden ser calificadas como un delito de lesa humanidad (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas), no obstante, desde que inició este sexenio, nunca se impulsó ninguna política pública especial para atender la problemática. Por el contrario, el Presidente siempre negó que eso estuviera pasando y desconoció los datos que emitía la propia Secretaria de Gobernación en la página electrónica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDO).

Frente a la evasión de la realidad, el número de víctimas creció desde 2019, pero mayormente en el periodo de 2022 a 2024: de 100 mil a 114 mil 69 víctimas; todo lo contrario a lo que sucedió con los datos  de víctimas de homicidios dolosos, que disminuyeron en el mismo periodo: de 33 mil 287 a 2 mil 156 víctimas (TResearch Internacional/30 de agosto).

El desglose de datos difundidos en las páginas electrónicas de algunos colectivos y organizaciones como Red Lupa, clarifican de manera puntual la evolución de la problemática de desapariciones forzadas: de 2022 a 2023, las víctimas crecieron en 7.3%, y de 2023 al 2024, 6.3%; lo que en números absolutos significo: 9 mil 110 y 10 mil 315 víctimas, respectivamente.

El problema se magnifica si reflexionamos con base en los datos de las edades del mayor número de víctimas, que oscilan entre los 25 a los 29 años, en primer lugar y, entre los 20 a 24 años, en segundo lugar; es decir, a pesar del discurso presidencial a favor de los jóvenes, el rango mayor de víctimas lo conforman ellos. Además, del total de víctimas, 76% son hombres, y 23%, mujeres. Al respecto, es importante señalar que en una docena de estados creció más el número de víctimas niñas o mujeres, por ejemplo, Tabasco, en donde el porcentaje fue de más 138% (paradójicamente, la tierra del Presidente).

Finalmente, los estados que ocupan los tres primeros lugares con mayor número total de víctimas son: Jalisco, Tamaulipas y Estado de México, pero el mayor crecimiento en estos últimos meses fue en Michoacán y Nuevo León.

Ante las circunstancias políticas que estamos viviendo, surge la duda ¿cambiará la política de atención a esta problemática por parte de Claudia Sheinbaum o, seguirá dejando que maten a las madres buscadoras?