Las primeras versiones públicas sobre la muerte de cuatro funcionarios, dos estatales de Chihuahua y dos de EU, fueron escuetas y en muy pocos medios de comunicación. A los extranjeros no los presentaron como agentes de inteligencia, sino como funcionarios, diplomáticos u oficiales instructores adscritos a la Embajada de EU. La identificación como presuntos agentes de la CIA apareció después, a partir de los reportes en The Washington Post y The New York Times.
Ahora sabemos, por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que los agentes de la CIA y otros funcionarios estaban participando en operaciones de seguridad en Chihuahua con acuerdo del gobierno estatal, pero sin conocimiento del ámbito federal, por lo tanto, la mandataria expresó su disgusto “porque se violó la Constitución y la soberanía nacional”. A la luz de las declaraciones presidenciales surge la duda ¿Puede un gobierno estatal pactar cooperación operativa o permanente en materia de seguridad con agencias extranjeras sin autorización federal? La respuesta “a secas” podría ser no. El artículo 117 de la Constitución prohíbe que los estados celebren alianzas, tratados o coaliciones con otro Estado o potencia extranjera. De igual forma, el artículo 89 reconoce la exclusividad de la Presidenta para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales siempre y cuando se aprueben por el Senado.
No obstante, la Ley sobre la Celebración de Tratados sí permite ciertos acuerdos interinstitucionales entre dependencias federales, estatales o municipales y órganos gubernamentales extranjeros, dice que estos acuerdos pueden ser celebrados por dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal, pero deben limitarse exclusivamente a sus atribuciones propias, y tienen que informar y recibir un dictamen de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En ese contexto, no es la primera vez que se realiza un convenio desde el ámbito estatal con EU; de hecho, la propia SRE en su portal público tiene un largo registro de estos acuerdos, incluyendo a Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y otras entidades sobre temas de hermanamiento, seguridad pública, educación, cultura, cooperación económica, medio ambiente, innovación, desarrollo urbano y protección civil. Algunos ejemplos emblemáticos fueron el de abril de 2022, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó acuerdos con algunos gobernadores fronterizos mexicanos (Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua) para suspender revisiones extraordinarias a camiones de carga; y, también, el de septiembre de 2007, entre procuradurías de Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Oaxaca y Coahuila con la Procuraduría General de Idaho, en materia de seguridad pública.
El problema no es que un gobernador realice acuerdos, sino el procedimiento y los límites de sus atribuciones jurídicas; pero tampoco nos engañemos, hay otros factores que influyen para que se cuestione los acuerdos de algún gobernante local, y este es el límite político. ¿La reacción hubiera sido la misma si el gobernante fuera de Morena? Algunos morenistas y petistas se dan golpes de pecho y exigen juicio político para la gobernadora, pero no lo han hecho frente a los actos delictivos de otros actores políticos.
No queremos justificar las acciones de la gobernadora Maru Campos, quien tendría que contestar ¿qué se acordó?, ¿quién lo autorizó?, ¿qué agencias participaron?, ¿qué funciones realizaron?, ¿hubo intervención en tareas reservadas a la Federación?, ¿por qué no tuvo confianza en el secretario de seguridad pública y ciudadana, o en la Guardia Nacional o en las Fuerzas Armadas? ¿Habrá respuestas en algún momento?, no lo sabemos, lo cierto es que el silencio es el peor enemigo en el control de daños en problemas de este tipo, porque los vacíos de información se han llenado sólo con las declaraciones presidenciales y con la especulación.
Finalmente, más allá de las discrepancias políticas y las interpretaciones legales, se debe reconocer la labor de todas aquellas personas que han perdido sus vidas por la lucha contra el crimen. Al respecto, el presidente Trump reclamó que la presidenta Sheinbaum no dio el pésame por los agentes de la CIA muertos, pero lo cierto es que fue él quien no dio el pésame por los 28 guardias nacionales muertos en el operativo contra Nemesio Oseguera.