Los gobiernos autoritarios que llegaron al poder por medio de una revolución no sólo utilizaron la violencia de las armas para derrocar al antiguo régimen político. Para conservar el poder transformaron radicalmente el Estado por medio del sometimiento y la represión contra quienes pudieran hacerles contrapeso por sus ideas o por lo que representaban. Así convirtieron a periodistas, medios de comunicación, profesores, intelectuales, luchadores sociales, políticos y ciudadanos sospechosos en enemigos que merecían ser encarcelados o ejecutados. Tan sólo en la etapa conocida como El Gran Terror bolchevique (1937-1938), durante el gobierno de Stalin, hubo 2.5 millones de arrestos y 800 mil ejecuciones. En Camboya durante el gobierno de Pol Pot (abril de 1975 a enero de 1979) fue asesinada una cuarta parte de su población. Por ejemplo, tan sólo en la evacuación de la ciudad de Nom Pen, con una población de un millón de personas, fueron asesinadas 20 mil. (Steven Levinsky y Lucan Way, Revolución y Dictadura, 2026). En China, en el contexto del periodo de la Revolución Cultural de Mao Zedong (1966-1976), tan sólo en la limpia de Pekín, 1,772 personas fueron torturadas o apaleadas hasta la muerte (Jung Chang, Mao La historia desconocida, 2005).
Estos y otros gobiernos mantuvieron de forma permanente un Estado de miedo y de persecución política hasta contra sus propios cuadros militantes. Así murió asesinado León Trotsky en México en 1940. Pero, en la actualidad, los Estados no surgen de revoluciones. Tampoco de las costosas dictaduras como las que ocurrieron en la década de los años 60 y 70 en AL y el Caribe. Hoy, los autoritarios llegan al poder mediante los mecanismos democráticos. Son de derecha, ultraderecha, izquierda o ultraizquierda, y se someten al escrutinio de las urnas. El problema no es que logran encabezar los gobiernos, sino lo que hacen cuando ejercen el poder político.
Un ejemplo muy claro lo representa Morena. No llegaron mediante una Revolución ni por un golpe de Estado, sino mediante una elección en 2018. Pero dicen encabezar una cuarta transformación. En aras de esta narrativa han realizado una serie de acciones que diversos teóricos y analistas han identificado como propias de un patrón de los gobiernos autoritarios populistas: En primer lugar, desacreditan a las instituciones y personas que puedan significar una amenaza para ejercer el poder. López Obrador lo primero que hizo en sus conferencias matutinas fue denostar a los medios de comunicación, a los periodistas y a las instituciones electorales y de transparencia. En el caso de los periodistas lo hizo por medio de listas para desacreditarlos, porque incluyó la información sobre el monto de sus ingresos económicos y las relaciones de trabajo supuestamente desacreditadoras de su reputación. Ahora eso se repite por medio de Luisa María Alcalde, con la diferencia de que ella no incluyó esos datos, pero sí los correos electrónicos, con lo cual los seguidores de Morena podrán acosarlos. También, los autoritarios modifican la Constitución mediante rapaces mayorías legislativas. Aquí, la ilegitima mayoría legislativa de Morena y sus aliados conformada después de la elección presidencial de 2024, está reformando indiscriminadamente la Constitución para preparar el camino de la permanencia eterna por las vías electorales o por las de la imposición; por ejemplo, la reforma constitucional sobre militarización de la policía de seguridad pública, la ley “espía”, la de nulidad por injerencia extranjera y las normas sobre derechos de las audiencias, entre otras.
Otra acción que realizan los autoritarios es utilizar la justicia penal y fiscal para perseguir de forma selectiva a quienes consideran sus enemigos. Así lo han hecho en México en las últimas semanas. Dos actores importantes que tenían cercanía con el partido de Somos México han sido encarcelados a partir de dudosas pruebas en su contra, pero otros actores cercanos o militantes morenistas señalados por delitos mayores han sido protegidos bajo el manto de la soberanía nacional.
Por estas razones, no le podemos creer a la consejera jurídica presidencial sobre que las listas de periodistas, comentaristas y opositores no son listas de intimidación, la evidencia es clara en todos los regímenes autoritarios.