Atacar el origen de la corrupción
Seguramente, muchas personas dormían mejor cuando creían la versión de que, quizás, don Javier Duarte estaba protegido por el presidente Enrique Peña Nieto para no encontrarlo y no detenerlo. De esa forma se salvarían, posiblemente, de ser evidenciados como cómplices o beneficiarios. Para quienes creemos que la política es una profesión y que la democracia es un sistema para que la sociedad transite de forma pacífica, no hay nada más doloroso y triste que ser testigos de este tipo de episodios.
Sin embargo, no basta lamentarnos, tenemos que seguir construyendo las herramientas para prevenir la corrupción y para lograr que, el ejercicio de la actividad política sea una cuestión de honor.
En 1997 inició una nueva etapa del sistema presidencial y democrático de nuestro país. El Congreso de la Unión ya no estuvo en manos, exclusivamente, de un partido hegemónico y el papel del Poder Legislativo se transformó. Si bien es cierto, no hemos logrado que el Congreso de la Unión sea el poder de control y equilibrio que aspiramos, sí hemos avanzado muchísimo en estos 20 años. No obstante, falta que los legisladores puedan valorar qué tan importante es su papel en ello, un ejemplo claro es el de los órganos de fiscalización.
Una de las facultades primordiales de la Cámara de Diputados establecidas en el artículo 74 constitucional, es la de revisar la cuenta pública a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El objetivo es el de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto que aprueba cada año la misma Cámara y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas del Poder Ejecutivo. Incluso, el auditor es designado por el voto de los diputados.
En las reformas del 2014 y 2015 se le dieron mayores herramientas de control a la ASF por lo que, dentro del conjunto de órganos auditados, se incluye a las entidades federativas en lo que respecta al gasto federal. Por su parte, los congresos locales, armonizan su procedimiento local respecto al federal. De esta forma, nombran al auditor de cada entidad bajo el mecanismo que dicta la ley y en teoría, controlan el gasto local.
Por su papel de control, la comisión ordinaria de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, es muy importante y, regularmente, es presidida por la oposición. El trabajo de esta comisión, en cualquier parte del mundo, es significativo por su función de contrapeso al poder ejecutivo.
Sin embargo, en nuestro país, son muchas las razones para que, ni la comisión ordinaria de vigilancia ni la ASF puedan cumplir con su función de forma plena. La primera se relaciona con la pérdida de autonomía real del auditor porque deriva de un acuerdo de la partidocracia de nuestro país en donde se excluye a personajes de la sociedad civil que podrían ser garantes de una función verdaderamente libre. En segundo lugar, a los acuerdos que se generan entre los grupos parlamentarios para decidir qué y cuándo se audita. En tercer lugar, es la falta de una oposición real que abandere la exigencia de la transparencia en el uso de los recursos públicos por medio de este mecanismo de control.
Los legisladores no han medido en su justa dimensión lo que significa el trabajo de la comisión de Vigilancia toda vez que, si se cumplen las funciones plenas y autónomas de la ASF se previene el robo de los recursos económicos del erario.
El escenario de las entidades es mucho peor porque los diputados locales son, en muchas ocasiones, “seducidos” por el Poder Ejecutivo. Para nadie es secreto que, si tienen mayoría en el Congreso local, los gobernadores meten las manos en los nombramientos de los auditores o incluso, impulsan acuerdos con las otras fuerzas partidarias para lograrlo. No hay forma de saber qué acuerdan, pero, en muchas ocasiones, los legisladores ceden su voto tan sólo para que no se les excluya de las gestiones que tienen que realizar para sus distritos, en otros casos, se reproduce el esquema viciado de las “etiquetas” de recursos que se hacen en los diputados federales y que derivaron en los famosos moches.