Coaliciones y ley reglamentaria

Pero, no obstante la victoria contundente en las urnas y la legitimidad de la representación política que eso conlleva, las coaliciones electorales no han sido la solución para lograr gobiernos eficientes y eficaces. Como ejemplo podemos mencionar Oaxaca, donde el día de ayer tomó protesta el nuevo gobernador de la entidad Alejandro Murat. Todavía recuerdo el día de toma de protesta del anterior gobernador Gabino Cué. Ese día se dieron cita diversos actores importantes del país: empresarios, comunicadores de alta influencia, representantes religiosos, políticos de todos los colores, líderes sociales y analistas políticos, los aviones comerciales tenían vuelos llenos y hubo tardanza para aterrizar en el aeropuerto por la llegada de quienes tenían opción de volar en sus propios aviones.

Los días pasaron y el descontento empezó a notarse primero a nivel local, luego a nivel nacional y, posteriormente, se volvió cotidiano que quienes habían aplaudido la llegada de ese gobierno lo criticaran. El problema de las coaliciones electorales es que sólo han servido para construir mayorías coyunturales, pero no para mantener la gobernabilidad a lo largo del periodo del ejercicio del poder. La situación se vuelve más complicada por el alto pluralismo político que existe dentro del Congreso local y en las alcaldías (Oaxaca es más complicado porque tiene más de 500 municipios). Ante esta experiencia, el Poder Legislativo analizó y aprobó “los gobiernos de coalición”. La diferencia entre la coalición electoral y la de gobierno es que la segunda es más amplia, se deriva regularmente de la coalición electoral y se hace necesaria la coalición legislativa o parlamentaria, es decir, no sólo se intenta ganar la elección para el cargo de representación popular, sino tener garantía de que el Poder Legislativo respaldará el ejercicio de gobierno.

Dentro de las reformas a los artículos constitucionales 89, 74 y 76 decretados en enero de 2014 se determinó que una de las facultades del Presidente de la República es optar por gobierno de coalición y que, cuando ello suceda,  la Cámara de Diputados y el Senado de la República ratificarán a diversos funcionarios del gabinete. Cabe mencionar que la coalición de gobierno se pensó como una forma de lograr mayor legitimidad en la coyuntura electoral, pero también a lo largo del mandato, además pretende lograr mayor eficacia y eficiencia del quehacer público, toda vez que quienes integran el gabinete deben cumplir con ciertos perfiles y la política pública se diseña desde los acuerdos mayoritarios de las fuerzas políticas que hayan logrado esa alianza.

No obstante lo bien que suenan esas intenciones y objetivos y, a pesar de las reformas constitucionales, la figura de gobierno de coalición no podrá prosperar en corto plazo porque requiere de una ley reglamentaria que a estas fechas no se ha discutido en el Congreso de la Unión. Además, se tiene que armonizar la reforma constitucional en el marco jurídico local, cosa que no ha sucedido. En esa ley reglamentaria se tendrían que establecer las condicionantes del convenio y programa de gobierno de quien encabece la coalición, también tendría que incorporarse la forma en que se tomaría la decisión de quiénes conformarían el gabinete, las sanciones en caso de no respetar los acuerdos y el control del ejercicio de gobierno con base en el programa.

Obviamente, el hecho de no tener esta ley reglamentaria no impide que el PRD y el PAN logren una coalición electoral para ganar la gubernatura del Estado de México en las elecciones del año próximo, pero la sombra de los gobiernos de coalición que están concluyendo en algunas entidades hace necesario reflexionar sobre la necesidad de contar con esa ley reglamentaria para no afectar a los ciudadanos en aras de lograr el poder por el poder.