Rendición de cuentas de todos
La falta de transparencia, por lo regular, siempre va acompañada de impunidad. Y eso es lo que sucede en diversos gremios que utilizan discrecionalmente los recursos que recibende sus afiliados o incluso de recursos del erario como, por ejemplo, los partidos políticos.
El martes por la noche una noticia sacudió al país: la aprehensión de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); cuestionada constantemente por los excesos de evidentes gastos, la Maestra Elba Esther Gordillo venía a dirigir las acciones de los agremiados en contra de la reforma educativa recién aprobada en el Congreso de la Unión. El poder Ejecutivo demostró, con ello, que en una decisión de poder puede poner límites a la falta de transparencia y a la impunidad, en este caso de un personaje que parecía intocable. Los hechos pueden ser vistos desde dos ópticas: la política, que los ubica en el contexto de su reciente confrontación con el gobierno federal por las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión en materia educativa; y la de la falta de transparencia con la que se manejan, desde hace 23 años, las aportaciones de los maestros sindicalizados. Para quien dude de la necesidad de esclarecer los hechos, es importante visualizar los montos de dinero de los que se habla (dos mil 600 millones de pesos) frente a la realidad de profesores mal pagados, escuelas en deterioro, material viejo.
La falta de transparencia, por lo regular, siempre va acompañada de impunidad. Y eso es lo que sucede en diversos gremios que utilizan discrecionalmente los recursos que reciben de sus afiliados o incluso de recursos del erario como, por ejemplo, los partidos políticos. Cabe mencionar que en este momento coyuntural está en puerta, en la Cámara de Diputados, una iniciativa para fortalecer el marco legal y las instituciones a través de las cuales se podrá solicitar información a organismos que parecían inmunes. La propuesta de la minuta para reformar diversos artículos constitucionales, especialmente el 6º., observa que “I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”. Así, sindicatos como el Nacional de los Trabajadores de la Educación tendrán que informar sobre los recursos que tienen y su ejercicio.
La iniciativa, además, crea un órgano garante (en lugar del Instituto de Acceso a la Información) a través del cual se procesará el tema de la información pública, basado en un esquema que le dará personalidad jurídica y patrimonio propios. Es decir, se convertirá en el sexto órgano constitucional autónomo (los otros son el IFE, la CNDH, el INEGI, el Banco de México y los Tribunales Agrarios).
Los hechos de anteayer, especialmente vistos a través de un personaje, parecen tener un atisbo de morbo, pero hay que ver más de fondo. Se trata de demostrar que no hay intocables en este país, que la transparencia es obligación de todos los servidores públicos. Y, más aún, nos clarifica que al inicio del sexenio es cuando deben ponerse las reglas claras de a dónde y cómo queremos caminar.
Sin embargo, hay un tema que debemos considerar: los instrumentos de la República, sus instituciones, no deben ser utilizados con fines políticos. En el caso del SNTE, parecería que el lavado de dinero y el desvío de cuentas no son lo esencial sino el tema político. Creo que ahí es donde el gobierno federal y la PGR deben demostrar un proceso claro que no dé pie para que sus opositores alerten sobre la posibilidad de un regreso a la represión y al autoritarismo. Ese discurso maniqueo puede surgir en cualquier momento no sólo por parte de los actores opositores sino de todo aquel que pueda ver afectados sus intereses por las reformas de avanzada que se están construyendo en el Poder Legislativo.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM