Desarticulan Consejo de Salubridad y no pasa nada

En otros tiempos, la desarticulación del Consejo de Salubridad General (CSG), el máximo órgano rector del sector salud, hubiera sido un escándalo. Hoy no pasa nada. Todos callados.

Hace dos semanas, siete funcionarios del CSG, incluido su titular, José Ignacio Santos Preciado, quien goza de buena fama en el gremio médico, fueron renunciados en medio de versiones que los señalaban de incurrir en actos de corrupción. Desde la propia Secretaría de Salud, su titular, Jorge Alcocer, fue quien invitó al doctor Santos Preciado a presidir el CSG al inicio del sexenio, se soltaron versiones de que los exfuncionarios omitieron requisitos y procesos técnico-administrativos con la finalidad de favorecer el ingreso de medicinas, equipos y material de curación al Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS).

Pero sin que se generara ninguna acusación o se informara oficialmente de algún proceso sancionador en contra de los funcionarios.

Algunos de los señalados, consultados sobre el tema, aseguran que detrás de esta decisión hay una ambición por el poder, en donde la realidad es que quieren que la Cofepris sea juez y parte en la aprobación de medicinas, y el consejo les estorbaba. El consejo es el máximo órgano rector de salud. Es presidido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Y en el mismo participan siete secretarías de Estado, además del IMSS, ISSSTE y DIF nacional; así como las academias nacionales de Medicina y de Cirugía; la UNAM y diversos vocales como el Conacyt, el Instituto Politécnico Nacional y las áreas de salud de las secretarías de Marina y de la Sedena; también los gobiernos estatales, organizaciones civiles y empresariales.

Y ninguno de sus integrantes ha dicho nada. Pareciera que el hecho es irrelevante. Y sólo ven agonizar al organismo. Durante esta administración, el consejo, bajo el mando del doctor Santos Preciado, comenzó con el pie derecho. Entre otros temas, depuró el cuadro básico de medicamentos, lo renovó, actualizó y lo transformó en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), con los aplausos de Alcocer. Pero, en medio de la pandemia, el consejo prácticamente desapareció del mapa y la Secretaría de Salud lo borró de toda acción para combatir la pandemia, cuando, en teoría, las líneas de atención a esta enfermedad deberían dictaminarse a través de este organismo. Y ahí estaba hasta que nos enteramos que algo pasó y que les llegó la guillotina a siete funcionarios. Y el tema no es que hayan salido, el asunto es que, si se les comprobaron irregularidades, se les debería sancionar administrativa y penalmente, y no sólo pedir la renuncia.

Porque si no se les comprueba responsabilidad alguna, estaríamos ante una acción orquestada para desacreditar a funcionarios con el único fin de arrebatarles el control del consejo. Ninguno de los dos escenarios le conviene a esta administración. La falta de transparencia y de información sólo destruye instituciones y credibilidades.

ABATELENGUAS

Desde hace años, pero de manera particular en esta administración, los temas clave de las políticas públicas de salud terminan dirimiéndose en los tribunales. Y la prohibición de la venta de los vapeadores no es la excepción. Se trata de un negocio multimillonario que las empresas tabacaleras buscan recuperar en el Poder Judicial y que el gobierno del presidente López Obrador busca defender, porque considera que afectan la salud. Y no hay nada escrito. Los jueces han emitido decisiones contradictorias. Así, mientras 10 jueces federales se han negado a suspender los decretos emitidos por el Presidente, otros dos sorprendieron otorgando suspensiones para permitir su venta a tres empresas en lo que se resuelven los juicios. La medida, que puede ser revertida, beneficia temporalmente, entre otros, a British American Tobacco. La batalla jurídica apenas empieza y todo pinta para que todo se defina en la SCJN.

BAJO EL MICROSCOPIO

Antes, en las comunidades se respetaba a los médicos, a los sacerdotes y a los maestros. Ahora todos corren riesgo. El asesinato del médico Eric Andrade Ramírez, en El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, revivió la petición de cancelar el servicio social. La medida fue rechazada porque el sistema de salud se resquebrajaría sin su apoyo. Lo más que ofreció el secretario de Salud fue evitar que se les envíe a zonas de riesgo. Ojalá que así sea.