Al negociar, Donald Trump ha roto con la ortodoxia de gobiernos anteriores de Estados Unidos al unificar las agendas de su país en una sola. Antes, los temas de seguridad se trataban por separado de los migratorios y comerciales. En los primeros meses de su segundo mandato, Trump anunció aranceles contra México y Canadá por fentanilo y migración. En ese contexto: ¿cómo encuadrar la acusación formal del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, junto con otros siete funcionarios y exfuncionarios estatales?
EL MOMENTO
Las acusaciones contra Rocha Moya no son nuevas: los hechos imputados se remontan al año 2021, cuando llegó a la gubernatura, y los señalamientos públicos cobraron fuerza tras la entrega de El Mayo Zambada en julio de 2024. El contexto tampoco es nuevo. Una y otra vez, Trump ha sostenido que México está dominado por el narco y que le gustaría enviar tropas, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido en cada ocasión con una negativa. Lo que cambió fue el ataque político contra la gobernadora de Chihuahua, luego de que se dio a conocer la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente vehicular un día después de que se desmanteló un megalaboratorio de drogas sintéticas en la sierra de Chihuahua, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación y un escolta. El problema es que los señalamientos de la presidenta Sheinbaum contra el gobierno de Chihuahua, así como la exigencia de legisladores para que la mandataria estatal compareciera, provocan que nadie en el gobierno federal ni en los estatales quiera cooperar con las agencias estadunidenses, so pena de ser linchado políticamente.
LA RESPUESTA
Es previsible que esta mañana la presidenta Sheinbaum dé un posicionamiento que no diferirá mucho del fijado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ayer, donde se sostuvo que los documentos remitidos por Estados Unidos carecen de elementos de prueba para determinar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional con fines de extradición se solicita, por lo que se enviará un extrañamiento a la embajada de Estados Unidos en México. Esa posición permite dilatar un pronunciamiento más claro: respaldar al gobernador, al senador y al alcalde de su partido o bien, dejar que la justicia avance, lo cual implicaría un rompimiento con ciertos sectores de Morena y, sobre todo, abriría la puerta a que varios actores revelen la red de complicidades, que muy probablemente tienen documentada y que podría llegar hasta lo más alto. La decisión es compleja: las implicaciones políticas de otros señalamientos e investigaciones contra miembros de su partido pueden seguir sacudiendo su legitimidad; pero el costo de respaldar incondicionalmente a sus correligionarios, también.
LA NEGOCIACIÓN
En toda esta coyuntura, México va a renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en una posición de enorme debilidad, porque a la asimetría económica se suma una enorme vulnerabilidad política. En su visita a México, Jamieson Greer fue muy enfático en cuanto a que Trump no quiere libre comercio y que, de manera ineludible, habrá aranceles en algunos sectores, como el automotriz y el del acero. El argumento de México se apoya en las empresas que operan en Estados Unidos, las cuales serían afectadas por la falta de certeza jurídica y por el encarecimiento de su estructura de costos. Por ello, armadoras extranjeras como Nissan, Toyota y Hyundai han advertido que, sin T-MEC, tendrían que retirar sus vehículos más asequibles del mercado estadunidense. Conviene entender que Trump ha llegado a sacrificar crecimiento económico para cumplir objetivos políticos, no al revés. La revisión y renegociación del T-MEC se complicó por la falta de reflejos presidenciales, que derivó en el ataque a la gobernadora de Chihuahua por su cooperación con Estados Unidos.