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El linchamiento del Estado

Ricardo Peralta Saucedo

Ricardo Peralta Saucedo

México correcto, no corrupto

Hace poco más de 450 años se comenzaron a reconocer y establecer las fronteras de las nacientes naciones con un territorio, con una división política interna, con un idioma oficial, con una religión oficial y se dieron las condiciones para la integración de un Estado, tal y como lo conocemos hoy en el mundo entero, es decir, las nacionalidades y la división de poderes.

El surgimiento de la democracia y la posibilidad de votar y ser votado, representar a los habitantes de un país a través de la elección directa, así como secreta, pero el compromiso y la responsabilidad por parte de quienes ostentan la administración pública, el poder público, son las que conllevan a ejercitar el Estado de derecho, es decir, lo contrario a la impunidad.

Los vacíos siempre serán ocupados, es una ley física, pero también un código político; en nuestro país, ante la presencia de fenómenos sociales, hemos sufrido múltiples guerras internas donde han muerto miles de compatriotas. México es el país que se ha caracterizado en el mundo por tener distintas caras, un país culturalmente vasto con un enorme territorio con grandes riquezas naturales y una de las diez potencias económicas mundiales.

La otra cara de la moneda es la del vacío del Estado, ese Estado transparente no por su falta de opacidad, sino por la ausencia de visibilidad, un Estado en todos los niveles de gobierno que apenas se percibe, un Estado que ante los actos monstruosos de una comunidad juega a las hurtadillas, siendo un experto Houdini.

Los homicidios dolosos con todas las agravantes penales conocidas pasan la factura al vacío de poder público, alimentan la voraz impunidad, regresamos al Código de Hammurabi.

Hasta hoy ninguna autoridad pública en funciones ha sido capaz de emitir condolencias, no sólo por los fallecimientos violentísimos, crueles, animales, grotescos e inconcebibles de la turba linchadora, sino por la ausencia absoluta del Estado de derecho.

Si el presidente municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, se vio superado, debió solicitar apoyo estatal o federal para hacer valer los protocolos de uso legítimo de la fuerza pública, no en un acto represor, sí para evitar que se siga con la escalada de linchamientos que como cascada se han presentado en México.

Hoy como nunca en la historia en nuestro país, el vacío de poder y de Estado se percibe y se evidencia en estos hechos, aunado a la tremenda violencia causada por el crimen organizado.

Ese linchamiento integra todos los grados de participación del delito de homicidio calificado que contempla nuestra ley penal, cada uno de ellos tendría que estar sujeto a investigación y eventual sentencia condenatoria,
sin embargo dudo que suceda, el Estado también fue linchado.

                Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

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