Durante años creímos que internet sería el instrumento más poderoso para liberar a las sociedades del autoritarismo. Las redes sociales permitirían denunciar abusos, organizar protestas y desafiar gobiernos. Sin embargo, los regímenes autoritarios aprendieron a controlar esas herramientas. Hoy, una nueva tesis plantea algo sorprendente: la verdadera tecnología de liberación podría encontrarse en el bolsillo de los ciudadanos.
Rabah Arezki, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, sostiene en un artículo publicado en Journal of Democracy que los pagos digitales pueden transformar las relaciones entre el poder político y la sociedad.
Su argumento merece atención. Mientras los gobiernos autoritarios pueden bloquear internet, censurar contenidos o perseguir opositores, difícilmente pueden paralizar los pagos electrónicos sin perjudicar su propia economía. Esa contradicción abre una posibilidad inesperada para la libertad.
La transformación comienza cuando comerciantes, trabajadores independientes y emprendedores acceden a servicios financieros antes reservados a sectores privilegiados. Una cuenta digital permite recibir pagos, ahorrar y ampliar oportunidades económicas, reduciendo la dependencia de intermediarios y estructuras clientelares.
Según el Global Findex 2025 del Banco Mundial, 79% de los adultos del planeta tiene una cuenta financiera, frente a 51% en 2011. No estamos simplemente ante una revolución bancaria, sino frente a una transformación de las posibilidades económicas de millones de personas.
Arezki plantea que esta expansión puede favorecer el surgimiento de una clase media digital, menos dependiente de los favores del poder y más interesada en exigir instituciones confiables, seguridad jurídica y reglas claras.
La democracia no depende exclusivamente de elecciones libres. También necesita ciudadanos con autonomía económica suficiente para expresar sus preferencias sin temor a perder sus medios de subsistencia.
México ofrece un contraste inquietante. El Congreso aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo propósito es ampliar la inclusión financiera. Sin embargo, su artículo 13 contempla facultades para que Hacienda determine actividades donde los pagos digitales podrán ser obligatorios.
Surge una paradoja: mientras Arezki considera que estas tecnologías pueden ampliar la independencia económica, la legislación mexicana plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para condicionar los medios de pago.
La preocupación no se limita al efectivo. La vinculación de servicios financieros con mecanismos de identidad digital plantea preguntas sobre privacidad y protección de datos. También existen costos de conectividad, terminales y comisiones para pequeños comerciantes. Son riesgos que merecen atención, no consecuencias inevitables de la ley.
La digitalización financiera no garantiza libertad. Los mismos instrumentos que facilitan transacciones pueden convertirse en mecanismos de vigilancia o exclusión sin límites institucionales efectivos. Una sociedad puede multiplicar sus operaciones electrónicas y conservar instituciones autoritarias.
Lo provocador de la tesis de Arezki es que obliga a reconsiderar dónde comienza la resistencia frente al poder. Quizá no siempre nazca en las grandes manifestaciones, sino en la capacidad cotidiana de trabajar, comerciar, ahorrar y decidir sin pedir permiso.
Pero la pregunta para México es inevitable: ¿la independencia económica que promete la tecnología seguirá siendo independencia si el Estado puede condicionar los medios con los que los ciudadanos realizan sus transacciones?
La libertad política difícilmente puede sostenerse sobre una dependencia económica absoluta. Quizá la transformación democrática más profunda comience cuando cada persona pueda ganarse la vida sin deberle su libertad a nadie.