La situación de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a poco menos de ocho meses de las elecciones, es insostenible. La acumulación autoritaria de poder de la que hizo gala en el instituto, las denuncias de corrupción y malos manejos que involucran a empresas y personajes cercanísimos a la funcionaria electoral y las evidentes rupturas internas que se han expresado en forma pública hacen inmanejable su permanencia en el cargo.
El INE atraviesa una de las crisis internas más delicadas desde su creación. El escándalo se concentra en los contratos, los proveedores y las personas que rodean a la presidenta. Varios reportajes de investigación exhiben sus presuntos vínculos con Corporativo ZEG y Cajas Graf, entre otras cinco empresas relacionadas con la proveeduría de materiales electorales. También se ha señalado la existencia de relaciones personales entre integrantes del entorno de la presidencia y proveedores de material electoral.
Taddei ha sostenido que corresponde al Órgano Interno de Control revisar las denuncias. Esa postura sería válida si la investigación fuera pública en sus resultados, autónoma en su conducción y suficientemente amplia para indagar a todos los involucrados, incluida la propia presidencia si fuera necesario.
Pero la investigación que pide Taddei ocurre dentro de un instituto cuya conducción ha perdido credibilidad. La revisión no puede depender únicamente de la confianza que Taddei tenga en sus propios funcionarios e ir a los comicios más grandes de la historia con una presidenta del INE cuestionada en su imparcialidad e integridad no es viable.
La trayectoria de Guadalupe Taddei está inevitablemente asociada con Morena y al gobernador de Sonora y presidente del Consejo Político Nacional del partido, Alfonso Durazo. No sólo por la cauda de familiares de primer y segundo grado que trabajan en el gobierno de Sonora y en distintos puestos en Morena y en la administración federal, sino, incluso, porque su hijo es el secretario particular del propio Durazo.
La llegada de Taddei permitió a Morena hacerse con el control del árbitro electoral. A Taddei y a su grupo en el consejo del INE le deben la mayoría calificada que tienen y usan en el Congreso y que no ganaron en las urnas.
La controversia creció con los cambios que ampliaron las facultades de la presidencia para nombrar directivos sin contar con el respaldo del Consejo General. La oposición y algunos de los consejeros electorales, como Carla Humphrey, han atribuido a esa concentración de poder los escándalos recientes y han reclamado revisiones sobre las contrataciones y la administración del instituto.
Todo se ha combinado con una creciente fractura interna. Desde la llegada de Taddei, las diferencias con varios consejeros por los nombramientos de directores, distribución de responsabilidades y acceso a la información son explícitos. Varios consejeros han cuestionado que Taddei realice designaciones sin construir acuerdos en el Consejo General. También han protestado por despidos y cambios de personal que han debilitado áreas técnicas y favorecido una administración dependiente de decisiones centrales.
El Consejo General fue concebido como un órgano colegiado. Su legitimidad depende de que las decisiones trascendentes sean producto de deliberación y no de la voluntad de un funcionario. Cuando una presidencia utiliza de manera reiterada nombramientos provisionales porque no obtiene los consensos necesarios puede mantener la operación diaria, pero también incrementa la percepción de que gobierna al margen del órgano colegiado. Y eso es lo que sucede con Taddei.
Hoy, en el INE, cada nombramiento se convierte en una batalla política; cada contrato otorgado en forma discrecional, en una sospecha, y cada resolución, en una prueba de alineamiento político. El INE pierde así la autoridad moral necesaria para conducir procesos complejos y para exigir que los partidos acepten sus decisiones. El consenso es parte de la arquitectura del órgano electoral.
Pero todo palidece ante la presunta red de corrupción conformada por, al menos, siete empresas vinculadas con Taddei y algunos de sus funcionarios. Entre los nombres exhibidos aparecen Jonathan Navarrete Torres, quien se desempeñaba como chofer de la presidenta, y Jesús Octavio García, exencargado de despacho de la Dirección de Administración, ambos relacionados con Corporativo ZEG y Cajas Graf, compañías que han obtenido contratos para materiales electorales.
También se ha exhibido la relación privada entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, identificado como propietario de una de las empresas proveedoras del INE y beneficiaria de varios contratos entregados por Taddei. Esa relación personal con contratistas, así como la presencia de personas vinculadas a proveedores dentro de la propia estructura del INE, son acusaciones basadas en datos duros que hacen indefendible su posición.
El INE debería publicar la información completa de los contratos cuestionados, permitir una auditoría independiente, separar temporalmente a los funcionarios cuya actuación sea revisada y garantizar que el Órgano Interno de Control pueda investigar sin interferencias, con una supervisión directa del Consejo General. Nada de eso se puede hacer si Guadalupe Taddei se mantiene en el cargo. Debe presentar su renuncia. El INE no puede llegar así a las elecciones.