Los desahuciados de México

Los opositores panistas, priistas y quienes hoy buscan reciclarse bajo las siglas de partidos “nuevos”, junto con sus voceros en los medios de comunicación tradicionales y electrónicos, se han convertido en los auténticos desahuciados de la política nacional. No es una consigna ni un exceso retórico: es el resultado de años de extravío, de la pérdida progresiva de legitimidad y de una desconexión profunda con la sociedad. Su narrativa ya no construye futuro; apenas intenta sobrevivir a fuerza de escándalo, desinformación y una crítica sin propuesta.

El rostro más acabado de ese naufragio es Genaro García Luna, hoy sentenciado a 38 años de prisión por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Su historia condensa uno de los episodios más oscuros del poder en México: un narcopolítico que utilizó el aparato del Estado para proteger intereses criminales, causando un daño incalculable al país y contribuyendo, además, a la expansión de redes que envenenaron a miles de jóvenes en territorio estadunidense. No se trata de un caso aislado, sino del símbolo de un régimen que normalizó la colusión y el abuso. Los comunicadores y opinadores que hoy pretenden erigirse en jueces morales cargan con un pesado historial de reuniones públicas y privadas con el gobierno cómplice de Felipe Calderón, espacios donde se tejieron lealtades, silencios y fortunas que hoy son objeto de investigación por autoridades de ambos países.

En el lenguaje jurídico, el desahucio es la declaración de que una relación ha dejado de ser jurídicamente sostenible; implica la terminación forzosa de una situación que ya no tiene sustento legal. En la medicina, el término es aún más severo: señala que no existe posibilidad razonable de recuperación, que el curso de la enfermedad es irreversible. Ambas acepciones describen con precisión el estado de esa oposición y de sus aparatos mediáticos. Han sido desahuciados por el voto ciudadano, por el juicio social y por la evidencia histórica. Viven en el descrédito, sobreviven cobrando por mentir y difamar, y confunden la crítica democrática con la calumnia sistemática.

En contraste, la administración de la doctora Claudia Sheinbaum ha mostrado orden, capacidad técnica y una conducción responsable del Estado. Frente a los embates de una prensa desacreditada y de intereses que no aceptan haber perdido privilegios, su gobierno ha respondido con resultados verificables, políticas públicas consistentes y una visión de largo plazo. La buena administración no se impone con propaganda: se acredita con hechos, cifras y estabilidad. Esa es la razón por la que incomoda tanto a quienes ya no tienen proyecto ni autoridad moral.

México requiere medios probos, profesionales y críticos, no voceros de intereses derrotados. Necesita también una oposición digna, inteligente y con propuestas serias, capaz de elevar el debate público. La democracia no se fortalece con mercenarios de la palabra ni con partidos sin rumbo, sino con instituciones sólidas y discusión honesta. Los desahuciados pueden seguir aferrados al ruido; el país, mientras tanto, ha decidido avanzar sin ellos.