Derecho a la educación y a la ética profesional

Una Revolución Mexicana hecha por un alto porcentaje de valientes y patriotas analfabetas y una Constitución (1857) redactada por ilustres legisladores dieron por primera vez sentido a la libertad de enseñanza: “Art. 3o.- La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben espedir” (sic). En 1873, se incorporaron las Leyes de Reforma consagrándose la separación del Estado y la Iglesia. Haciendo a la educación laica y gratuita.

En la reforma de 1934, se dio una visión de Estado al derecho a la educación, pero aún no se decretaba la garantía estatal de otorgarla a todos los habitantes del país. Pero sí señala que sólo el Estado mexicano es el responsable de crear las condiciones para ejercer este derecho, además de impartir la educación primaria, secundaria y normal, la orientación de la enseñanza; combatiendo el fanatismo, fomentando en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Tendría el Estado también la facultad del diseño de planes, programas y métodos de enseñanza, además, tendría que fomentar el amor a la patria.

Cuando se suscribe el TLCAN, se integra al texto del tratado la posibilidad para que empresas inviertan capital en la educación, se limita la participación del Estado; es decir, él mismo, puede invertir en educación pública, siempre que no se merme con el libre comercio de los servicios privados de educación.

La obligación para realizar la evaluación universal a los maestros no es novedad de la Reforma Educativa instaurada en este sexenio, es parte de los requerimientos que nuestro país suscribió (1994) para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de estar sujeto a las evaluaciones a los educandos mediante el PISA.

En el texto Constitucional no llegamos aún a la obligatoriedad de otorgar la educación superior, será un reto futuro para que el Estado otorgue garantías a los miles de jóvenes que quieren estudiar. Se debe entender que la educación superior debe ser universal y no de corte elitista y excluyente por cuestiones económicas o de otra índole.

En el largo camino de la historia de la educación en México, se debe revisar a fondo un tema poco contemplado en las políticas públicas, así como en los planes y programas de estudio: la ética profesional. Para empezar en la polémica Reforma Educativa.

No debería expedirse cédula profesional alguna a ninguna profesión, en la que previamente el recién egresado signara el cumplimiento irrestricto a un Código de Ética Profesional, donde funde el desarrollo de su actividad económica en postulados de conducta para el desempeño de sus funciones; además, todo profesionista para mantener su patente tendría la obligación de ceñirse a una reevaluación de capacidad profesional, si éste se dedica preponderantemente al ejercicio de esa profesión o a la docencia. La ética y la moral en la profesión evitan confusiones en el ejercicio de derechos como la libertad de expresión. Se previene también que quienes participan en el diseño de políticas públicas sean realmente especialistas en las materias que se pretenden implementar.

Hay quienes ya comenzaron esta labor, pero debe institucionalizarse, en la Facultad de Derecho de la UNAM a cargo del Dr. Raúl Contreras Bustamante, hay un curso permanente de ética para todo el alumnado. Además, la Barra Mexicana de Abogados comandada por José Mario de la Garza Marroquín, la Asociación Mexicana de Abogados de Empresa, dirigida por el Dr. Alfonso Guati Rojo y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y su presidente Dr. Alfonso Pérez Cuéllar emitieron el innovador Código de Ética Profesional.

Felicito a todos los maestros del país, empezando por mi padre, Maestro y  Lic. Andrés Peralta Santamaría, todos de alguna forma han contribuido al respeto y observancia del Estado de Derecho de nuestro amado México.

                Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM