Defender a las universidades públicas es hacer patria

La gran meta de todo país es mantener un desarrollo sostenido que se dé por la vía de la educación. La educación pública como un derecho constitucional requiere de un sistema de universidades consolidado.

Abierta y libremente, los estudiantes universitarios son el gran núcleo que mueve la actividad académica, pero también se convierten en una enorme cantera en la acción política nacional. Son el eje de la academia, por ello, la importancia de sumarlos a proyectos políticos de largo aliento como actores, donde no solamente sumen a las estructuras electorales, sino que sean los protagonistas del futuro inmediato.

De manera errónea los institutos políticos y los liderazgos públicos han desdeñado la enorme fuerza que representan las universidades públicas, no sólo por la enorme matrícula que tienen, sino por el hambre profesional para crecer en una sociedad que margina. Deben ser tomados en cuenta ya, integrarlos a las gestiones de planeación y ejecución de acciones de gobierno, pero sobre todo a la actividad política. Las universidades son y serán siempre la cuna del pensamiento crítico y el alma intelectual de la sociedad.

Existen más de 2,650 instituciones de nivel superior en nuestro país, casi el 70% son de origen privado, fue una tendencia que se fue gestionando hace poco más de 36 años para no invertir en la educación pública, sino por el contrario, alentar su privatización que conlleva al exilio forzado de millones de jóvenes. Ante la carencia de plazas estudiantiles provocadas por esa ausencia de política pública, la única alternativa quedó en la educación privada, no siempre de buena calidad e incosteable para la mayoría de los mexicanos.

Esta orfandad profesional tiene responsables, no solamente en el mal diseño de las políticas educativas, sino en el destino de los presupuestos públicos. Es inconcebible que se tenga que pagar por un derecho. Por ello, la insistencia de priorizar a las universidades públicas del país y su estudiantado para ser tomados en cuenta en todos los proyectos políticos como actores principales.

Se tiene que detener la migración forzada de intelectuales y de estudiantes por la ausencia de oportunidades reales que les haga tener un futuro digno y bien pagado, el enorme calibre de los estudiantes de las escuelas públicas se convierte hoy en el combustible de la organización social y política de las asociaciones políticas emergentes.

La Alianza Patriótica Nacional, con menos de dos años de ser constituida, tiene su principal base política en el soporte de cuando menos 21 universidades públicas en el país. Jóvenes universitarios talentosos que han encontrado en esta asociación civil un nicho de mercado político y de servicio social convertido en un ejército coyuntural que sigue creciendo a nivel nacional; esto ante el desdén de políticos ajenos a la vida universitaria y que no se sienten parte de la comunidad, que la ven, incluso, como un enemigo a vencer, no son parte de ella.

Celebraremos el Congreso Nacional de la Alianza Patriótica donde se espera la participación de más de mil líderes nacionales de prácticamente todo el país. El objetivo es lograr un posicionamiento político que se distribuya y ejecute al interior de las universidades como motor de acción político-electoral en favor de la transformación de México.

Las universidades públicas deben tener, a pesar de la recesión mundial, un incremento presupuestal por encima de lo que se ha calculado en años anteriores. La gestión que desde las universidades debe existir ante el Congreso y actores políticos tienen que activarse ya, pues de eso depende la sensibilización que se dé a los tomadores de decisiones. Respetar la autonomía universitaria es hacer patria. Las universidades son libres, públicas y de autogobierno, pero dependientes del presupuesto público, que esto último no sea un arma para intentar controlarlas, hacerlo es un crimen contra la sociedad mexicana.