Del Fobaproa a Texcoco

Nadie duda de que la corrupción sea, y será históricamente, el sello distintivo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso, y su enajenación de la gente y la falta de empatía con las causas más sentidas de las diversas regiones de la nación. Le fue posible recibir a Donald Trump cuando éste era aún candidato a la Presidencia de Estados Unidos porque ni él ni Luis Videgaray entendieron nunca la sensación de ofensa que pululaba en el ambiente nacional ante las agresiones verbales del candidato. Con sus acciones y omisiones, Peña Nieto se aseguró de que AMLO ganara la Presidencia de México.

AMLO, por su lado, empezó su carrera política atacando a la corrupción del sistema político cuando seguía siendo parte privilegiada de él. Realizó un “éxodo” de Tabasco a la Ciudad de México, protestando por un fraude electoral en Tabasco en 1991.

Estableció un campamento en el Zócalo capitalino, mismo que se levantó después de que se llegó a un arreglo financiero con Manuel Camacho Solís, regente de la Ciudad de México.

Posteriormente, en otro campamento capitalino contra el fraude electoral de 1994, de repente llegaron todas las cuentas de la campaña electoral de Roberto Madrazo que ilustraron el sistema de depósitos bancarios tipo “ratón loco”.

Es decir, filas de las mismas personas haciendo depósito tras depósito de dinero en efectivo para impedir que se pueda identificar su origen.

Parecido al fondo para damnificados de Morena. Estos datos le sirvieron para que, en 1999, López Obrador publicara un libro criticando el rescate bancario conocido como Fobaproa. Este mecanismo, aprobado por el entonces presidente Zedillo, básicamente sirvió para convertir deuda privada en pública, y que sería pagado con los impuestos de recursos públicos de todos los mexicanos. Fue un instrumento reprobado por la opinión pública.

Es de notarse que, al mismo tiempo que López Obrador criticó el Fobaproa en el libro, realizó una operación a través de la cual adquirió su rancho en Chiapas. En ese momento era presidente nacional del PRD, con un ingreso correspondiente al cargo.

La característica central del Fobaproa, aparte de convertir deuda privada en pública, era el hecho de comprometer el gasto público estatal durante décadas.

Hoy se sigue considerando ese adeudo como parte del servicio de los pasivos que financia, año con año, el Estado mexicano.

La cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco tiene características similares al Fobaproa. La obligatoriedad de cubrir un adeudo generado por la decisión política del nuevo gobierno federal generará un flujo de pagos en el largo plazo de recursos públicos provenientes de impuestos e ingresos que recibe el gobierno federal por concepto de servicios y cobros de productos, como la venta del petróleo.

El Estado mexicano adquiere, así, la obligación de cubrir, en el largo plazo, las nuevas obligaciones que surtirán efecto a partir de la cancelación legal y formal del proyecto.

Adicionalmente, agregará adicionales compromisos financieros para el Estado, al construirse un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, cuyo costo alcanzará una cifra aún indeterminada debido a la carencia de estudios de factibilidad y proyectos de construcción.

El gasto aeroportuario en México acaba de convertirse en otro pesado fardo de largo plazo que el pueblo de México tendrá que financiar ante las decisiones económicas tomadas por los nuevos gobernantes. Del Fobaproa al Texcoco será el pueblo el que paga la cuenta.

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