En los últimos años, México ha sido escenario de múltiples protestas y movilizaciones ciudadanas que reflejan un creciente descontento frente a condiciones que deterioran la vida social y económica del país. Estas movilizaciones, heterogéneas en sus causas y actores, coinciden en una percepción compartida: la distancia entre las necesidades de la sociedad y la capacidad —o voluntad— del Estado para atenderlas de manera eficaz.
Uno de los ejes más visibles de este malestar ha sido la exigencia de seguridad y justicia. Las marchas de familiares de personas desaparecidas, organizadas en colectivos a lo largo del país, han puesto en evidencia la magnitud de la crisis humanitaria. Madres buscadoras han denunciado no sólo la ausencia del Estado, sino en ocasiones su complicidad o negligencia. La existencia de alrededor de 130 mil desaparecidos confirma su dolor.
La ambivalencia o complicidad del Estado ante el crimen organizado ha sido constatada reiteradamente. La reciente liberación de la hija de El Mayo Zambada reforzó las sospechas de vínculos entre la política y el narcotráfico. En estados como Sinaloa, Veracruz, Campeche, Tabasco, Chihuahua, Colima y Jalisco los ciudadanos han salido en masa a las calles a exigir respuestas gubernamentales más contundentes. El movimiento feminista ha protagonizado algunas de las movilizaciones más masivas y significativas de la última década. Las marchas del 8 de marzo y el paro nacional de mujeres han visibilizado la violencia de género, los feminicidios y la desigualdad estructural. La exigencia es clara: no se trata únicamente de justicia para las víctimas, sino de una transformación profunda de las instituciones y de la cultura social. Desmiente la frase demagógica de que “llegamos todas”.
Otro foco de protesta ha sido el ámbito económico y laboral. Trabajadores de distintos sectores han salido a denunciar recortes presupuestales, precarización laboral o reformas que consideran perjudiciales. Los maestros son un sector que se moviliza con frecuencia en sus estados y en la CDMX. Durante la pandemia de covid-19, el personal médico protestó por la falta de insumos y condiciones adecuadas para desempeñar su labor, evidenciando las fragilidades del sistema de salud. Diversas movilizaciones han cuestionado políticas públicas que impactan directamente en el empleo y el ingreso de las familias. Transportistas exigen seguridad en las carreteras y agricultores demandan apoyos para su sector en crisis. Movimientos sindicales han sido recurrentes en las industrias automotriz, maquiladora y minera. Los aguacateros y limoneros han instrumentado expresiones de resistencia, incluyendo la armada, ante el azote del crimen organizado. En el área ambiental, comunidades indígenas y rurales han encabezado protestas contra proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales. No sólo denuncian afectaciones ecológicas, sino el despojo territorial. La defensa del agua, los bosques y la tierra se ha convertido en un punto de convergencia entre demandas ambientales y derechos colectivos. Los derrames de petróleo en el golfo de México producen un ecocidio que mata las industrias de la pesca y el turismo.
Las protestas estudiantiles también han sido un termómetro del descontento social. Los universitarios han marchado por mayor presupuesto educativo, en contra de la violencia en los campus y por la democratización de sus instituciones. La violencia en los planteles educativos proyecta una descomposición social en las familias y entre los educandos. Movimientos como el incel ejemplifican el carácter violento que asumen algunos sectores. Un rasgo común de estas protestas es su creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado. Aunque existen canales formales de participación, como elecciones y mecanismos de consulta, se percibe que no inciden en las decisiones públicas. De ahí que la calle se mantenga como un espacio de expresión política.
El descontento social se refleja en las encuestas. Éstas señalan un rechazo a las políticas de seguridad, educación, salud, laborales y hacia el campo. Ha permeado la percepción popular de que las políticas públicas tienden a favorecer a integrantes de las élites en detrimento de la población en general. Lo que sí confirman las encuestas es el creciente descontento que inunda a México con su carga de frustración social y violencia.