Apuntes para un plan de salud

A pesar de que el gobierno federal actual presume eficiencia en términos del gasto en salud ejercido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cambio administrativo en dicha institución está dejando muchos pendientes en cuestiones de organización, que impactan de forma directa la calidad y la calidez del otorgamiento del servicio médico.

Las demás instituciones presentan fenómenos parecidos, al tiempo que el Seguro Popular, si bien se ha fortalecido, tampoco ha impactado la calidad por muchos fenómenos que le afectan.

Cito uno de los peores, relativo a que el gasto de dicha institución se debe ejercer por las secretarías de salud estatales, lo que dejaba en manos de los gobernadores el dinero, y personajes como el grupo de gobernadores corruptos, por supuesto se lo robaron.

Este gobierno hizo los cambios legales necesarios para marcar la obligación de rendir cuentas respecto de esos recursos, lo que evitará que desaparezcan, pero fue a posteriori. Ahogado el niño, a tapar el pozo.

Evidentemente el panorama para el gobierno que sigue transita necesaria y urgentemente por concretar lo que muchos tenemos en mente, que es la integración de un solo sistema sanitario público nacional, por supuesto de administración centralizada, con controles administrativos muy estrictos, cuyo diseño se debe fundar en las necesidades regionales concretas.

México cuenta el día de hoy con estadísticas sanitarias que permiten dicho diseño. Ya no se tratará de inaugurar unidades hospitalarias que después no funcionan porque ni siquiera cuentan con el personal necesario, sino de tomar decisiones racionales tomando en cuenta la infraestructura pública y privada existente en una zona del país, los recursos económicos, y articulando sistemas administrativos capaces de premiar la conservación de la salud de poblaciones enteras.

La calidad y el trato digno se tendrán que colocar en el centro del acto médico para decidir a quién o a quiénes se les va a tomar en cuenta como parte del sistema de atención, articulando necesariamente un sistema de auditoría médica fácil y de bajo costo. Se requerirá voluntad política, partiendo de una percepción contracorriente, consistente en considerar a la salud como un derecho humano bajo la tutela del Estado. En las dos últimas décadas, por lo menos, hemos sido testigos del adelgazamiento del gobierno en materia sanitaria, que ha propiciado el abandono de responsabilidades, bajo el argumento de que es el ciudadano quien debe “poner de su parte” en el cuidado de su salud.

Por supuesto, es válido pensar que los estilos de vida saludables impactan positivamente en las personas, y que existe un peso específico en las decisiones que toma cada individuo. Tomo el ejemplo, otra vez, del sobrepeso con sus consecuencias, para mencionar que, efectivamente, mi dieta tiene un impacto directo en mi salud, pero el Estado debe impedir que existan alimentos excedidos en calorías malsanas al alcance de niños y adultos, porque además es conocido el hecho de su poder adictivo.

El otro pilar entonces del nuevo sistema sanitario debe ser la prevención, pero sin abandonar al ciudadano a la libre influencia de las fuerzas del mercado, que tienden a propiciar la enfermedad. Ojalá los candidatos presenten algo congruente.