Porki-sentencia

Por supuesto han surgido muchas voces, de justa indignación, por la sentencia que ampara a uno de los jóvenes que aparentemente abusó de una menor, en nuestro querido Veracruz.

Uno de los aspectos más irritantes es que el señor juez, de apellidos González Hemadi, en el texto de la sentencia se atreva a cuestionar nada menos que a la víctima, para dejar libre al victimario.

 No afirmo que ocurra con frecuencia, pero efectivamente existen casos en los que los administradores de justicia, de pronto se alzan con cuerpos argumentativos tan pueriles y carentes del más elemental sentido de justicia, y simplemente torciendo la ley, excarcelan o amparan a algún delincuente probado.

Yo me quiero dirigir ahora a plantear alguna hipótesis que expliquen el aparente absurdo, para lo cual me atrevo a invitar a mis lectores a un ejercicio simple acerca de lo que ocurre de forma normal y tolerada en muchos lugares del interior de nuestro país, cuando la autoridad se atreve siquiera a sugerir remotamente que algún miembro de una familia “conocida” y reconocida, por su poder e influencia, es posible responsable de alguna conducta ilícita o siquiera inmoral.

De inmediato se levantan voces que ejercen presión efectiva sobre el atrevido burócrata que, sin temor a la sanción social, se atreve a sugerir semejante atropello... “pero si los Espinoza de los Monteros son una familia excepcional y católicos todos”... “cómo se atreve ese señor, que quién sabe de dónde salió, a sugerir que su Bernardito (gorila de 1.89 metros de estatura y 90 kg.), al que bautizó nuestro querido obispo, haya hecho eso tan feo que dicen”…

Por supuesto los chismes, comentarios, descalificaciones, insultos, agresiones, llegan al juzgador y a su familia entera, quienes por supuesto no saben reaccionar frente a la sanción generalizada.

Posteriormente, en alguna reunión cantinera, bajo la influencia de varios tragos de algún excelso tequila, los familiares del “ofendido” logran captar la atención del juzgador, y no solamente logran persuadirlo de aceptar una “gratificación” a cambio de la libertad del inocente querubín, sino que  le sugieren veladamente que en caso de oponerse a lo que es a todas luces lógico en acuerdo con el pueblo entero, él y su familia van a lamentar las consecuencias.

Es una variante exquisita del viejo adagio de plata o plomo, mucho menos burdo, más cuidadoso pero igualmente efectivo.

No existe que yo sepa, ningún mecanismo en el Poder Judicial para siquiera intentar prevenir la concatenación de conductas que aquí describo, y que significan una corrupción honda, estructural e irremediable, sobre todo para gobiernos locales o federales que carezcan de la voluntad política en contra de la corrupción y a favor de las mujeres.

Subrayo ésto último en vista de que como dice Regina Tamés, directora de GIRE, resulta ridículo pensar que es necesario comprobar que el agresor tenía como objetivo el placer sexual.

Por favor, ya basta; lo que traduciría un cambio real, sería que se le finquen responsabilidades penales al juzgador y a todos sus cómplices, sean quienes sean.