A la memoria de don Guillermo Fonseca Álvarez
El Índice de Democracia elaborado por el grupo de investigación y análisis económico y político denominado Economist Intelligence Unit, que tiene su sede en Londres y es una institución muy prestigiosa, informó que en 2024 México se ubicó en el lugar 84 de entre 200 países, derivado de su índice de calificación de 5.32, dentro de una escala del 1 al 10.
Dicha calificación sitúa a México por detrás de Armenia y Madagascar; y por el lado contrario, se sitúa a Noruega, Nueva Zelanda y Suecia en los primeros lugares dentro la clasificación global.
En la medición regional relativa a América Latina, nuestro país ocupa el sitial 15, por debajo de Paraguay y Perú. Uruguay destaca como el primer país, seguido de Costa Rica y Chile.
Dicho índice se basa en categorías como: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, así como participación y cultura política.
Debemos advertir que ya se nos califica como un régimen híbrido; es decir, un régimen que combina elementos democráticos con comportamientos autoritarios. Y lo que es más grave, de acuerdo a su clasificación, es la última categoría antes de que se nos considere como un régimen autoritario.
Lo anterior cobra especial relevancia, pues dentro de unos días la agenda legislativa del Congreso de la Unión considera discutir —y, en su caso aprobar— una nueva la reforma electoral.
La iniciativa presidencial aún no se conoce, pero con seguridad será el resultado de los trabajos de la Comisión Presidencial designada exprofeso para elaborarla, que fue integrada por colaboradores cercanos a la primera mandataria.
Se ha dicho que son días de definiciones, ya que después de reunirse con los líderes de parlamentarios de las dos Cámaras del Congreso, en breve se deberán de dar a conocer los alcances de la iniciativa.
En la opinión pública se han filtrado algunos puntos que están sobre la mesa y se les ha señalado de manera coincidente: la reducción del costo del sistema político-electoral, que considera menor financiamiento a los partidos políticos y a los presupuestos para la organización de las actividades comiciales; la disminución del número de integrantes del Congreso y la modificación de las formas de integración de la representación plurinominal; y uno que puede generar mucha controversia: sustituir el estatus de autonomía del Instituto Nacional Electoral, por el concepto de “independencia”.
Nada se ha dicho acerca de reformar la Constitución para evitar la sobrerrepresentación en las Cámaras; ni de modificar la manera de elegir a los miembros del INE y del Tribunal para evitar la partidización de sus integrantes, como se ha venido presentando, por citar temas que en la academia están presentes.
Esta reforma sería la primera después de casi medio siglo que no es resultado de consensos con los partidos políticos de oposición. Recordemos que las decisiones por mayoría no siempre son democráticas en sí mismas; y que la vocación democrática exige respeto y protección a los derechos de las minorías.
Se ha sostenido que México está transitando no sólo por un simple cambio de gobierno, sino que se trata de un auténtico cambio de régimen.
La reforma electoral debe de dejar claro que se buscará construir un régimen más democrático, que respete la división de Poderes; la representación plural de la sociedad, así como la transparencia y credibilidad de los procesos electorales.
La comunidad internacional nos observa.
Como Corolario la definición de Leonardo Morlino: “Un régimen democrático se juzga en base a la existencia de competencia política, la posibilidad de oposición y la extensión de la participación”.