Uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo es la sujeción de los gobernantes a la ley. Este principio limita el ejercicio del poder a un mandato definido por las normas jurídicas con el propósito de prevenir la arbitrariedad y el despotismo.
Sin embargo, la experiencia histórica ha mostrado que el ejercicio del poder público puede propiciar la corrupción. Para prevenir este riesgo, el derecho ha establecido mecanismos de control entre los órganos del Estado, cuya regulación debe quedar consagrada en la Constitución.
Esos mecanismos de control, en ese sentido, representan la columna que sostiene el pacto social ante el riesgo inminente de que las instituciones sean cooptadas por la corrupción o por el abuso de autoridad.
Estas reflexiones vienen a colación dada la reciente e histórica crisis política que se vive en Paraguay, en donde un caso de corrupción ha alcanzado la más alta cúspide de su sistema político. La indignación ciudadana y la tensión social ha provocado la caída de su presidente Santiago Peña.
Al ahora expresidente se le acusa de utilizar su encargo en favor de sus propios intereses económicos, pues fue accionista del Banco Ueno y mantuvo su participación accionaria hasta marzo de 2025; es decir, dos años después de haber asumido la Presidencia del país.
Bajo su mandato, dicha institución bancaria experimentó una veloz e injustificable expansión; y hace unos días, el Banco Central de Paraguay intervino tras detectar una grave baja en la solvencia de Ueno que dejó a casi 3 millones de personas sin acceso a sus ahorros. Y para entender la dimensión del problema, hay que tener en cuenta que Paraguay es un país de casi seis millones y medio de habitantes.
El congelamiento masivo de fondos y las restricciones de liquidez que afectaron a millones de ahorradores —y a varios fondos de seguridad social— generaron la caída abrupta de la confianza ciudadana y desataron un pánico financiero sin precedentes recientes.
Peña, al quedar evidenciada su corrupción, presentó su dimisión al cargo de presidente. Sin embargo, el Congreso Nacional de Paraguay asumió un papel protagónico en la defensa del orden constitucional y no la aceptó, para en cambio someterlo a un procedimiento de juicio político y su posterior detención por parte de la Fiscalía.
La Asociación Nacional Republicana —Partido Colorado— que fue quien lo postuló al cargo, a pesar de que contaba con una clara mayoría parlamentaria en ambas Cámaras del Congreso, adoptó una postura de control de daños y realismo político para evitar que el colapso arrastrara a toda la estructura partidaria de cara al futuro y le retiraron su apoyo político.
El sometimiento del primer mandatario paraguayo a un enjuiciamiento político por parte del Poder Legislativo contiene un poderoso mensaje democrático ejemplar para la comunidad internacional: la renuncia a un cargo público no extingue la responsabilidad en la se haya podido incurrir, ni mucho menos logra borrar las secuelas de la corrupción.
El caso de Paraguay debe servir de ejemplo de que la salud de una república depende de que existan contrapesos institucionales de defensa frente al abuso del poder, la corrupción y la opacidad.
El poder público debe ser para quienes tienen vocación de servicio; no para aquellos se sirven de él para enriquecerse.
Y nos recuerda un dato académico interesante: México es el único país de toda Latinoamérica que jamás ha destituido a un Presidente ni lo ha enjuiciado por delitos graves.
Como Corolario, las palabras de Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.