La historia de la Humanidad registra algunas páginas luminosas en su evolución y progreso. Una de ellas, tuvo lugar el 14 de julio de 1789, cuando dio inicio la Revolución francesa, a partir de la toma de la Bastilla.
Esta semana se cumplieron 237 años de este acontecimiento histórico y representa una oportunidad ideal para reflexionar en torno a la relevancia que la gesta francesa tuvo para derrocar las estructuras del absolutismo y dar paso a la construcción del Estado constitucional moderno.
El régimen surgido de la Revolución combatió y derrotó a la monarquía absoluta, que se caracterizaba por la concentración del poder en la figura del monarca, quien gobernaba en virtud de un derecho divino. Francia era un ejemplo paradigmático de este sistema con reyes como Luis XIV, el Rey Sol.
La desigualdad social, la pobreza extrema, los abusos constantes de las autoridades y la falta de respeto a los derechos humanos fueron las causas que detonaron ese movimiento revolucionario.
Con la Revolución francesa comenzó una nueva era: el derrumbe del principio de que los monarcas eran los soberanos y las personas eran sus súbditos; para que estos se transformaran en ciudadanos y juntos fueran ahora los titulares del principio de la soberanía popular.
Podemos decir que fue una revolución a todas luces jurídica. A partir de entonces los ciudadanos somos los que mandamos y gobernamos a través de nuestros representantes. Y quienes están en el gobierno deben obedecer el mandato del pueblo, a través de las leyes.
Todos los hombres somos iguales: gobernados y gobernantes. Nunca más una supremacía de reyes que derivaban su poderío en base a supuestos designios sagrados. La autoridad estatal quedó sometida a la ley, a partir de entonces.
Ahora, los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba; y en cambio, los gobernantes sólo pueden hacer lo que de manera expresa la ley les señale y permita. Ni más, ni menos.
Se trató de un cambio radical respecto a como debe funcionar la sociedad. Porque a partir de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se construyó un hito en la historia del constitucionalismo moderno.
Otro de los grandes legados de la Revolución francesa al mundo fue, sin duda, el contenido del artículo 16 de dicha Declaración, que señala: “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.
No es poca cosa, se trata de las bases esenciales de las democracias constitucionales modernas. Es un dogma que ha trascendido por más de dos siglos; porque hoy es inconcebible hablar de un Estado democrático que no tenga una Constitución. Y más allá, es imposible considerar la existencia verdadera de una Constitución si ésta carece de un efectivo catálogo de derechos humanos y una limitación real que contrapese a sus órganos de poder.
A más de dos siglos de distancia, la reflexión aquí planteada no es un ejercicio académico estéril. Vivimos en una era en la que los gobernantes ahora abusan del poder, porque piensan que, por ganar una elección popular, eso les da derecho a hacer lo que quieran.
Las crecientes tentaciones autocráticas han permitido que muchas veces los primeros en desobedecer el cumplimiento de las leyes sean quienes gobiernan; y las reforman a su antojo cuando les imponen límites que impiden colmar sus ambiciones.
No debemos olvidar los ideales de la Revolución francesa, porque siempre habrá gobernantes con tendencia a abusar del poder, porque desconocen o ignoran su principio esencial: que el poder contenga al poder.
Como Corolario, la frase de Montesquieu: “La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten”.