La desaparición de personas constituye, sin lugar a dudas, una de las patologías sociales más severas y lacerantes que han erosionado el tejido de social en México durante las últimas décadas.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado al secretario general de la Organización remitir a la Asamblea General —con carácter urgente— la situación que impera en el país. Esta iniciativa busca conseguir la adopción de medidas extraordinarias orientadas a coadyuvar en la prevención, investigación, sanción y erradicación de esta práctica deleznable.
El fundamento jurídico de tal determinación se halla en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008.
Conforme a dicho tratado, la desaparición forzada se define como: la privación de la libertad —arresto, detención o secuestro— perpetrada por agentes estatales o grupos que actúan bajo la autorización, apoyo o aquiescencia de las instituciones del Estado. Este crimen se perfecciona mediante la negativa sistemática a reconocer dicha privación de libertad o la ocultación del paradero de la víctima, sustrayéndola de la esfera de protección de la ley.
Pese a los intentos por minimizar el alcance de la solicitud del Comité, calificándola como una mera opinión de expertos, lo cierto es que este pronunciamiento reviste una autoridad jurídica incuestionable.
El diagnóstico del CED es contundente: las autoridades nacionales se encuentran desbordadas por la magnitud de la crisis, lo que hace imperativas reformas estructurales de fondo. Si bien es cierto que múltiples desapariciones son ejecutadas por organizaciones delictivas, el Comité ha recabado información sólida que apunta a la participación directa, anuencia o permisión de servidores públicos de diversos órdenes de gobierno.
La conclusión del Comité es alarmante: existen indicios fundados de que en México se ejecutan desapariciones con un carácter generalizado o sistemático, lo que podría elevar estas conductas al rango de crímenes de lesa humanidad. Lejos de desestimar esta señal de alerta, el Estado debe reconocer que los niveles de impunidad han alcanzado umbrales críticos, donde la asistencia técnica internacional no es opcional, sino necesaria.
México requiere con urgencia del fortalecimiento y saneamiento de sus instituciones para garantizar investigaciones exhaustivas que combatan la impunidad. Sólo mediante el diseño de políticas públicas con rigor técnico y enfoque de derechos humanos, podremos salir de esta pesadilla plagada de fosas clandestinas y madres que consagran su vida a la búsqueda de sus hijos.
Como Corolario, conviene evocar la máxima de Walter Savage Landor: “Demorar la justicia es injusticia”.