Segunda vuelta electoral presidencial

Durante los últimos días ha cobrado eco el tema de la conveniencia de establecer una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Ante la evidencia de que en los comicios de 2018 —de manera probable— ninguno de los candidatos logre obtener más de 30% de los votos, se han manifestado diversas posiciones.

Esta figura electoral consiste en que cuando ninguno de los candidatos alcanza un porcentaje mayoritario de los votos emitidos en una primera votación, se realice entonces una “segunda vuelta electoral”, en la que participen sólo los dos candidatos que más votos hayan obtenido en la primera, a fin de que alguno obtenga una mayoría absoluta. Se considera que ello otorga mayor legitimidad democrática al ganador, entre otras ventajas.

Sin pretender entrar a la discusión sobre aspectos teóricos de este proceso electoral, mencionaré cuatro elementos que creo que lo hacen inviable en este momento que vivimos.

1.- Su justificación. El argumento de que la segunda vuelta es indispensable, debido al bajo porcentaje que el candidato ganador puede llegar a obtener, es inaceptable. Los partidos políticos han consensado a partir de 1977, once reformas constitucionales para construir el actual sistema electoral, compuesto de casi diez institutos políticos con registro, además de las candidaturas independientes. ¿Cómo entonces se pueden objetar resultados que numéricamente resultan obvios y consecuentes con las propias reglas creadas y vigentes?

2.- La improcedencia legal. El penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución establece: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Tratar de forzar una reforma de última hora para establecer la segunda vuelta es una falta de respeto a la supremacía constitucional, ya que implicaría transgredir las reglas constitucionales que los propios partidos se han venido dando a sí mismos.

3.- Inconveniencia financiera. Otro factor a considerar es lo cuantiosa y costosa que resultaría una segunda vuelta electoral; estamos hablando de la impresión de millones de nuevas boletas electorales y un despliegue logístico que se traduce en una inversión sumamente gravosa. Ya de por sí, la democracia mexicana es una de las más caras del mundo.

4.- Medida insuficiente. La última y más importante razón para desechar la idea consiste en que la segunda vuelta no garantizaría un gobierno eficiente. En el mejor de los casos se obtendría un Presidente legitimado —en principio—, pero que tendría que gobernar con un Congreso pulverizado.

El mismo día de las elecciones presidenciales, la ciudadanía habrá de elegir diputados y senadores —que podrán ser reelegibles, no hay que olvidarlo— y la segunda vuelta no los incluiría. La legitimidad del Presidente se desgastaría muy pronto, al enfrentarse a un Congreso integrado sin una mayoría parlamentaria afín.

Sostener que la implementación de la segunda vuelta electoral es la panacea de los problemas democráticos de México es ilusorio, y más irresponsable resulta proponer una reforma constitucional a estas alturas, cuando ya estamos dentro del término constitucional que impide el cambio de reglas electorales.

Como Corolario, las palabras del prócer Valentín Gómez Farías: “La esperanza de que se observe la ley fundamental es necesario que no sea ilusoria por más tiempo”.