Corrupción, mal sin remedio

La corrupción en todos los niveles de gobierno se ha convertido en un problema dentro de nuestra sociedad, que incluso ha desplazado a la inseguridad como principal motivo de malestar ciudadano.

Es consecuencia de muchos años de padecerla y hoy ya es crónica; se ha convertido en una epidemia que ha arreciado sus efectos devastadores con motivo de las alternancias políticas en los puestos públicos y por la impunidad para castigarla, en todos los niveles.

Podemos augurar que la corrupción es el cáncer que padece la Partidocracia y que ese trastorno amenaza con llegar a causar su extinción.

La presión que los partidos políticos han recibido de la ciudadanía los obligó a concertar una reforma constitucional —que se publicó el 27 de mayo de 2015— dando origen al Sistema Nacional Anticorrupción, así como a la creación de una Fiscalía especializada.

El Sistema Nacional Anticorrupción está regulado en el artículo 113 de la Carta Magna y es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos.

El texto constitucional establece que el Sistema deberá contar con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Resulta que el pasado martes 4 de abril se llevó a cabo la instalación de dicho Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, pero de forma incompleta, debido a que el titular de la Fiscalía Anticorrupción, que debería haber sido designado desde hace tres años, sigue sin ser nombrado.

El Senado de la República ha postergado en tres ocasiones el nombramiento del fiscal, debido a la falta de consensos partidarios. Parece que las fuerzas políticas en lugar de seleccionar a un personaje que cumpla con un perfil adecuado, prefieren escoger a un fiscal a modo y que tenga compromisos con quienes lo elijan.

La falta de atención a un tema tan sensible e importante para la sociedad mexicana, como lo es la corrupción, parece ser poco importante para los partidos políticos.

Al día de hoy, sólo 16 de las 32 entidades federativas han conformado sus sistemas estatales anticorrupción, lo que también impacta en el Sistema Nacional, ya que los sistemas locales —a través de sus representantes— forman parte de él.

Así las cosas, tenemos un Sistema que desde su creación nació muy débil.

Los detentadores de la Partidocracia parecen ignorar que en materia de corrupción, en 2015, México ocupó el lugar 95 de 167 países que integran el Índice Global de Percepción de la Corrupción.

Esto habrá de ser castigado por la ciudadanía. Sin temor a equivocarme, el tema de la corrupción será definitorio en las elecciones presidenciales del año próximo.

Como Corolario, recuerdo uno de los refranes populares que más utilizaba mi madre: “No hay más ciego que el que no quiere ver; ni más sordo que aquél que no quiere oír”.