Informe insustancial

Contrario a lo que sucede en otras ramas del conocimiento, en la ciencia política los cambios no representan siempre una evolución. La búsqueda incesante de la democracia como un fin último —en vez de que sea sólo un medio— ha motivado reformas constitucionales que han dado como resultado prácticas contrarias a ese valor.

La teoría de la división de poderes consiste en que dentro de un Estado las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales no se concentren en una sola persona o corporación. Los Poderes de un Estado deben colaborar y coordinarse entre sí y, al mismo tiempo, contrapesarse y controlarse entre todos.

El artículo 69 de nuestra Constitución dispone que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República deberá presentar un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Durante muchos años, el 1 de septiembre constituyó una de las principales fechas conmemorativas del almanaque cívico. El sistema político presidencialista convirtió dicho acto de rendición de cuentas —durante la época de partido dominante— en un ritual para ensalzar al Presidente, en lugar de ejercerlo en la esencia para el cual fue concebido.

Después de varias reformas políticas que germinaron pluralidad política y la competencia electoral, se gestó una etapa caracterizada por un franco enfrentamiento entre el titular del Poder Ejecutivo y los representantes de oposición en el Congreso.

El informe presidencial fue escenario de quema de boletas, máscaras de cochino, carteles de denuncias, chiflidos y múltiples faltas de respeto al Presidente en turno, cuyas imágenes daban la vuelta al mundo, presentándonos como un país incivilizado.

Para tratar de solucionarlo, mediante reforma publicada el 15 de agosto de 2008, se eliminó del texto constitucional la obligación del Presidente de asistir al Congreso y a limitar su obligación personal a solamente entregar un informe por escrito.

Debemos recordar que la presentación del informe implicaba —en su esencia— un diálogo entre los diferentes Poderes de la Unión. En un Estado democrático de derecho se debe privilegiar el intercambio de ideas y las propuestas, generadas siempre sobre una base de respeto y colaboración entre sus diferentes actores.

El Presidente de la República entregó ya su IV Informe de Gobierno por escrito. De un acto protocolario espectacular, se pasó a una innovación cuestionable de entablar una conversación directa con unos trescientos jóvenes.

El Congreso debería generar una nueva reforma que restablezca el diálogo entre legisladores y el jefe del Ejecutivo. La democracia y pluralidad política deben propiciar el entendimiento, análisis y el debate, pero siempre dentro de un espíritu de respeto republicano.

La presencia de una pluralidad partidaria, carente de madurez y de una cultura cívica desarrollada, ha privado al Congreso del derecho de tener en su recinto al titular del Poder Ejecutivo, rindiendo cuentas de sus actos, frente a la soberanía de la representación nacional. Y eso no puede ser considerado como un avance democrático.

Como Corolario, las palabras del escritor inglés Horace Smith: “Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia”.