La tortura y su arraigo cultural

Hace días, se presentó a la opinión pública, un documento ejecutivo que revela los resultados del llamado Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, que fue realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, acargo de Verónica Cervera Torres y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Los resultados son muy interesantes ya que permiten comprobar que la práctica de la tortura tiene un hondo arraigo cultural dentro de nuestra sociedad y en consecuencia, una parte importante de la población, justifica su práctica.

Durante los tres siglos de la Colonia, la tortura fue practicada como método de investigación y castigo por la Santa Inquisición. Se pensaba que el diablo penetraba en la conciencia de algunos hombres y eso los llevaba a ser pecadores, delincuentes y contrarios a las ideas religiosas que profesaba la Iglesia católica.

Para derrotar al mal, había que infringir castigo y debilitar al cuerpo. A medida que ello sucedía, surgía el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Una vez obtenida la revelación y aplicado el castigo, se argumentaba que se había ganado la batalla.

En el pasado y durante muchos años, en las cátedras de derecho penal se enseñaban dos principios generales: el primero de ellos, que la confesión era la reina de las pruebas; y segundo, “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

Así que, ante el terrible legado cultural colonial y la práctica ministerial, la policía se especializó en desarrollar técnicas sofisticadas y perversas para obtener la confesión.

Esos procedimientos de investigación criminal se convirtieron en práctica común en la integración de las averiguaciones previas. Se aplicaban al verdadero culpable o responsable, pero así también, sirvieron para incriminar a muchos inocentes.

Con el surgimiento de la CNDH y la suscripción de tratados internacionales, la tortura ha tratado de ser erradicada de nuestra realidad nacional.

El problema es que si la confesión ha perdido su importancia dentro del proceso penal, las agencias de investigación no han desarrollado nuevas técnicas de investigación eficaces ni han sido dotadas de elementos tecnológicos suficientes, lo que ha generado impunidad.

Ante la falta de una procuración de justicia eficaz y la grave impunidad, el diagnóstico revela que la sociedad mexicana; si bien rechaza la tortura, un porcentaje significativo acepta o legitima su utilización ante determinados delitos como la violación, secuestro, extorsión, robo, narcotráfico, traición a la patria o fraude, principalmente. Asimismo, la considera como un instrumento eficaz para la obtención de la verdad, forma de sometimiento o de castigo. 

Las personas encuestadas respondieron que ante esos delitos graves 39.5% señaló que nunca se justifica torturar a una persona; el 42.2%, sí justificó la tortura bajo algún supuesto; y, finalmente, el 18.3% no supo o no quiso contestar.

Asimismo, un mayor porcentaje de encuestados está de acuerdo con el hecho de que para conseguir información, se torture a una persona detenida por pertenecer a un grupo de narcotraficantes.

El peligro —como el diagnóstico concluye— es que este elemento cultural crea un contexto favorable a los torturadores para continuar aplicándola en total impunidad.

Como Corolario, conviene recordar lo dicho por Marco Tulio Cicerón: “La sola idea de que una cosa cruel pueda ser útil, es ya de por sí inmoral”.