Democracia y sufragio universal

El célebre politólogo francés Maurice Duverger sostiene que la idea de que se pueda elegir a los gobernantes es algo moderno. En el pasado, los gobernantes eran parte de la propia naturaleza; algo parecido al clima, el suelo o la enfermedad: no se escogían.

La designación de los gobernantes tenía un carácter sagrado y divino. Dios elegía a alguno de sus hijos predilectos y, por vía de herencia, el poder se sucedía entre familia, ante la resignación de los súbditos.

Hoy, la designación de los gobernantes mediante elecciones ciudadanas es la única fuente de legalidad y legitimidad en la transmisión del poder público. Las elecciones son el medio fundamental para mantener un régimen democrático, en el sentido contemporáneo de la expresión.

Los grupos que detentan el poder —a lo largo de la historia— han procurado limitar el acceso al voto. Bajo la idea de que una parte importante del pueblo no está capacitada para determinar la ruta que debe seguir la sociedad; se han creado diversas teorías y concepciones legales para restringir el derecho al sufragio y excluir a las clases inferiores de la población de la toma de decisiones.

Por suerte, la idea del sufragio universal ha triunfado. En la actualidad, nuestra Constitución garantiza que no exista ningún tipo de discriminación en el ejercicio de los derechos humanos y, por consecuencia, en el acceso al sufragio.

Lo anterior viene a colación por las declaraciones de padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como por la determinación de los “profesores” de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y del Movimiento Popular Guerrerense, de boicotear las elecciones de 2015 en dicha entidad.

“Se ve claramente que no hay condiciones para ningún tipo de comicios”; “los partidos políticos no responden a las exigencias del pueblo”; “ya estamos organizados y no vamos a permitir que se instalen las casillas”, son frases que han declarado algunos de los líderes a los medios de comunicación.

Como auténticos detentadores del poder —que han venido acumulando ante la complacencia gubernamental— estos actores se quieren arrogar el derecho de representación nacional e imponer sus motivaciones e intereses a la ciudadanía guerrerense.

Si se analiza el propósito de fondo de esta intención antidemocrática resultan dos hipótesis interesantes.

La primera, si no hay elecciones, entonces seguirían gobernando los que están. Esto es algo totalmente incomprensible: las desapariciones de los jóvenes son responsabilidad directa del gobernador Aguirre y del exalcalde Abarca, ambos militantes del PRD. Aunque los dos pidieron licencia, actualmente siguen gobernando políticos de esa misma filiación y partido. ¿No sería más lógico desear que se fueran y llegaran nuevos gobernantes? ¿Dónde queda la rendición de cuentas?

La segunda, si no hay elecciones, se debe interpretar que ellos pretenden nombrar a los nuevos gobernantes. Entonces significaría que el legítimo dolor de los padres se pretende transformar en el derecho para representar a la nación e instituirse en los grandes electores.

Cualquiera de las posibilidades está al margen del orden constitucional. Hace poco más de dos décadas, la izquierda mexicana demandaba la salida del gobierno en la organización de los comicios, a efecto de garantizar la imparcialidad y la transparencia. Hoy, grupos radicales —de esa misma orientación— promueven que las elecciones se cancelen.

La transmisión pacífica del poder político es uno de los principales pilares de la democracia. Con todo lo que se pueda criticar, México —desde 1934— ha sido la única república en América que ha visto a 13 Presidentes de la República iniciar y concluir su mandato y entregarlo mediante elecciones ciudadanas.

Como Corolario hay que rememorar a Rousseau: “El derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos”.