Ya van siete años de “atender las causas” …y nomás no terminan

El debate público sobre la inseguridad y la violencia letal en México, exacerbado por promesas de pacificación incumplidas, se ha centrado en el eslogan político de “atender las causas”.

La estrategia de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación sugiere que la pobreza y la desigualdad son los motores casi exclusivos de la delincuencia. Este enfoque, a menudo aceptado sin discusión, resulta simplista en lo criminológico y éticamente discriminatorio contra los casi 40 millones de mexicanos que viven en la precariedad.

La complejidad del fenómeno criminal no admite explicaciones lineales. Como señala Ingela Camba Ludlow, en su artículo del lunes, la simplicidad en el análisis es “pereza intelectual”. Atender las causas es plausible, dice Camba Ludlow, “siempre y cuando se tenga en cuenta un abordaje sistémico”. Pensar que la pobreza es el origen único de la inseguridad, agrega, “es una manifestación discriminatoria y prejuiciosa”.

Si bien la literatura sociológica reconoce que la desigualdad impacta en las tasas de crimen, el discurso oficial incurre en un determinismo peligroso que estigmatiza. Al presumir que la falta de oportunidades conduce intrínsecamente a matar, desmembrar o desaparecer personas, se convierte el hecho de ser pobre en una etiqueta que criminaliza a millones de personas honestas y pacíficas.

Este determinismo ignora una realidad esencial: la población en situación de pobreza no es la fuente principal del peligro, sino su víctima más frecuente. Los individuos en contextos de marginalidad sufren el mayor número de situaciones violentas y delitos.

El error fundamental del enfoque monocausal es la omisión de la dimensión psíquica y la independencia de la agresividad de factores socioeconómicos. La criminología y la psicología forense demuestran que las conductas antisociales y perversas son a menudo independientes del estrato social.

Durante siete años, los gobiernos de la Cuatroté han querido vender la idea de que la comisión de delitos de alto impacto está ligada exclusivamente a “causas” socioeconómicas, pero su única estrategia para atacarlas son las transferencias, comúnmente llamadas programas sociales. Tal vez por eso nomás no acaban.

En el contexto del crimen organizado en México, la motivación no es simplemente la necesidad económica desesperada. La violencia criminal es a menudo instrumental, motivada por el lucro, el poder territorial y la economía ilegal globalizada, que son factores sistémicos del crimen transnacional.

La causa de fondo que transforma estos impulsos y estructuras delincuenciales en una epidemia nacional es el colapso del límite legal. Camba Ludlow recuerda la máxima hobbesiana: el único límite frente a la perversión es el miedo al castigo. En México, ese miedo ha sido aniquilado por la impunidad.

Los datos indican que la falta de sanción en el homicidio doloso ha ascendido a niveles insostenibles, superando 80% en años clave. Cuando la probabilidad de no ser castigado por quitar una vida es tan alta, la ley deja de ser un límite disuasorio y la impunidad se convierte en el facilitador por excelencia de la brutalidad. Las graves falencias en el sistema de justicia penal son minimizadas por un gobierno que prefiere simplificar el problema a una cuestión de precariedad.

La reducción de la violencia a la pobreza desvía la atención de la debilidad del Estado de derecho, que es la estructura clave. El discurso de “atender las causas” se usa como justificación para la inacción en la aplicación de la ley. El peligro es la perpetuación de la impunidad y una descomposición social profunda que disuelve el pacto social.

La seguridad en México exige un abordaje sistémico que reconozca la multicausalidad: abordar la desigualdad, sí, pero también invertir en salud mental y, sobre todo, restaurar el Estado de derecho. Mientras el gobierno se concentre en culpar a la pobreza y abandone la certeza del castigo, la ley seguirá siendo un concepto vacío y el asesinato, una opción rentable.