Tesla se queda

Apenas el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador había descartado que la empresa Tesla construyera su nueva megafábrica de autos en Nuevo León, a causa de la escasez de agua que afecta al estado norteño. “Sencillamente, no se entregan permisos para eso; o sea, no es factible”, advirtió.

Pero algo pasó en los siguientes tres días. Luego de dos conversaciones con el dueño de Tesla, el multimillonario Elon Musk, López Obrador metió reversa y anunció –ayer, en su conferencia– que siempre sí se haría en Nuevo León.

Justificó la decisión –de la que se darán detalles al mediodía de hoy, en Austin, Texas– diciendo que la empresa se había comprometido a usar agua reciclada en todo el proceso de fabricación de los vehículos.

En realidad, eso nunca estuvo en duda. Desde los primeros comentarios del Presidente en el sentido de que la construcción de la planta sólo sería autorizada en lugares donde hubiera agua abundante, los expertos en el sector señalaron, primero, que la fabricación de autos no es un proceso que requiera uso intensivo del líquido y, segundo, Tesla emplea agua tratada por la necesidad de restarle los minerales que tiene por naturaleza.

Así terminó una discusión innecesaria que se inició el 20 de febrero, cuando López Obrador mencionó por primera vez la escasez de agua en Nuevo León como impedimento para que se realizara allí la inversión de Tesla. Y, al final, ganó la propuesta del gobernador neoleonés Samuel García, quien contactó a Musk desde hace dos años e incluso logró que visitara Monterrey a finales de octubre. De hecho, ya todo está listo para comenzar la construcción en un terreno de mil 700 hectáreas en el poniente del municipio de Santa Catarina.

¿Qué habrá llevado al tabasqueño a meterse en esa negociación? En ese punto hay varias especulaciones: desde que quiso atraer la inversión para vestir los alrededores del aeropuerto Felipe Ángeles hasta que buscó impedir que ésta se quedara en un estado que él ganó de manera estrecha en 2018 y donde Morena no pudo llevarse la gubernatura. Ninguna de las explicaciones empata con la lógica económica.

En países desarrollados, con instituciones fuertes, los jefes de Estado o de Gobierno no intervienen en decisiones como ésa. Por ejemplo, en Estados Unidos, los permisos que tienen que cumplir los inversionistas extranjeros no los otorga el presidente, sino un organismo especializado, el denominado Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), que encabeza el Departamento del Tesoro, y tiene representantes de 16 entidades públicas, entre ellas los departamentos de Defensa, Estado, Comercio y Seguridad Nacional.

Allá el otorgamiento de permisos es una actividad interdisciplinaria. Acá, en el México del presidente López Obrador, un solo hombre los otorga o los niega. Hace unas semanas le relaté cómo se perdió una inversión de la empresa de vidrio plano Tempco Glass, que quería instalar una planta en Mexicali, porque la CFE le explicó que el único que podía dar el permiso para tender la línea de transmisión eléctrica que se necesitaba era el Presidente, y, después de esperar por meses una cita, la compañía decidió irse a Texas.

Habría que saber por qué esta vez López Obrador dio su brazo a torcer, luego de lo terminante que había sido el viernes pasado. Todo indica que hubiera sido costoso negarse a palomear un acuerdo muy benéfico para el país que ya estaba prácticamente cerrado.

El Presidente, a quien evidentemente le molesta que le impongan cualquier cosa, se sometió a un desgaste innecesario. Incluso si hubiera tenido buenas razones para arrebatar lo que Samuel García había negociado, pudo haberlo intentado de manera callada, sin hacerlo público en la mañanera. Pero pesó más su ánimo de que todo el mundo sepa “quién manda aquí”.

México gana con esta decisión. Y hay que dar el reconocimiento al gobernador de Nuevo León, quien no sólo consiguió la inversión, sino que aguantó la intervención del Presidente.

Ojalá que, de ahora en adelante, las decisiones sobre inversiones se sistematicen y se basen en criterios económicos y no políticos, sobre todo en momentos en que la mesa está puesta para que México se beneficie del enorme flujo que puede significar el nearshoring.