Terrorismo en Michoacán: reconocimiento y reversa

En la Bitácora de ayer, hice notar que la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, se había distanciado del rechazo que existió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para calificar como terroristas las acciones de los grupos del crimen organizado, incluso cuando éstas tenían como fin claro generar miedo en la población.

Así lo escribí, pues en su primer comunicado sobre el atentado con coche bomba que tuvo lugar en Coahuayana, Michoacán, poco antes del mediodía del sábado, la dependencia informó que había abierto una carpeta de investigación “en contra de quien resulte responsable del delito de terrorismo”.

Sin embargo, al día siguiente, la FGR corrigió y dijo que la investigación se había iniciado “por delincuencia organizada”.

Aunque no debe descartarse que el cambio se haya debido a un error en el primer comunicado, existe un contexto que obliga a considerar que siguen vivas las obsesiones del sexenio pasado, entre ellas no llamar terrorismo a aquello que claramente lo es.

No sé si sea porque la admisión de que merodean terroristas en México hace ver mal al país o porque decirlo hiere alguna susceptibilidad o implica permitir la intervención extranjera en nuestros asuntos o porque el oficialismo tiene lazos ideológicos con personajes o movimientos que han sido señalados de practicar el terrorismo.

Por lo que sea, en la autodenominada Cuarta Transformación el término provoca urticaria y se ha decidido evitar su uso a toda costa.

El tema es que el Código Penal Federal, en su artículo 139, engloba como terrorismo los actos intencionales violentos “que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella”. Y entre los medios para llevar a cabo dichos actos, la misma norma menciona los explosivos.

Admito que no soy abogado y estoy seguro de que los expertos en derecho tendrán mayores elementos que yo para dilucidar si las conductas de quienes planearon y ejecutaron el bombazo en Coahuayana —que mató a cinco personas y dejó heridas a varias más— son del tipo penal contemplado en ese artículo, pero, en todo caso, se asemejan en mucho.

Además, no creo que el más indicado para pedir moderación y cuidado en la interpretación de la ley sea un movimiento político que ha llegado a acusar de traición a la patria a quien simplemente dice en una entrevista que México necesita ayuda internacional para combatir al crimen organizado.

No sé qué pasa con ese movimiento, que lanza acusaciones por todos lados, y se dice víctima de supuestas campañas conspirativas, pero nunca expresa condenas claras a los actos de los delincuentes, por más horrores que causen.

Me cuesta trabajo creer que la súbita eliminación del término “terrorismo” de la carpeta de investigación de la FGR sea la corrección de un gazapo y no el resultado de una reprimenda por violentar uno de los dogmas del pensamiento oficial.  

BUSCAPIÉS

*Larry Rubin, quien ha sido representante en México del Partido Republicano de Estados Unidos, así como presidente de la American Society of Mexico —la organización de los estadunidenses que viven en este país—, anunció ayer en Houston que competirá por un escaño en la Cámara de Representantes, en Washington, por el distrito 38 de Texas, sólidamente republicano y cuyo actual diputado lo dejará vacante para buscar una senaduría. La elección primaria, para definir candidatos, se llevará a cabo en marzo.

*La Legislatura del estado de Chihuahua promoverá una controversia constitucional contra las reformas en materia de agua por no haber consultado a las comunidades indígenas, como lo establece el artículo 2º de la Carta Magna. “Es una ley centralista que no tomó en cuenta a los agricultores ni a los ganaderos y, lo más grave, tampoco a los pueblos originarios”, dijo Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente del Congreso local. Veremos cómo se pronuncia la Suprema Corte y, sobre todo, qué pesa más en el ánimo de su ministro presidente, si los derechos indígenas o la cuestión ideológica.