El pasado fin de semana, en medio del despliegue oficialista reunido en la Feria Ganadera de Culiacán, así como durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono de su discurso soberanista: “La injerencia produce violencia”, afirmó. Con esa lectura, la mandataria busca atribuir a decisiones operativas tomadas al otro lado del río Bravo la responsabilidad de la sangrienta conflagración que hoy devora a Sinaloa.
Recurrir a la narrativa de la no intervención para explicar el caos que viven los sinaloenses deforma la realidad y soslaya la gravedad del sufrimiento de una sociedad exhausta. Afirmar que Sinaloa gozaba de una paz real antes del 25 de julio de 2024 resulta muy difícil de sostener. La aparente estabilidad previa no era ausencia de conflicto, sino sumisión.
Existía entonces una sociedad atada de manos ante el poder del crimen organizado. Aquella frágil tranquilidad, sustentada en un alarmante poder de fuego y en el control territorial, quedó al descubierto desde octubre de 2019 con el primer Culiacanazo, cuando las fuerzas de seguridad tuvieron que soltar a Ovidio Guzmán López ante el temor de que ocurriera un baño de sangre.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se observó un esfuerzo por desarticular al Cártel de Sinaloa. Al contrario, la gestión federal pareció optar por una convivencia con la organización delictiva, cuyo hito más evidente fue el saludo presidencial a la madre de Joaquín Guzmán Loera en Badiraguato. Esa proximidad se reflejó de manera preocupante en el proceso electoral de 2021, cuando el secuestro de operadores y candidatos de la oposición precedió la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura.
Atribuir la catástrofe actual a una intervención foránea omite además la propia naturaleza del narcotráfico. La fractura que hoy ensangrienta a la entidad obedece, sobre todo, a dinámicas de traición e insubordinación internas de la estructura criminal, las cuales, eso sí, pudieron haber sido aprovechadas por agencias internacionales ante el vacío de la autoridad local. Pero reducir esta crisis a una narrativa de responsabilidad externa equivale a admitir implícitamente que el Estado mexicano carece de la dimensión y la fuerza para ejercer el control de su propio territorio.
En los actos de la Feria Ganadera no estuvo representada la sociedad civil sinaloense, aquejada por la extorsión, el desabasto y el encierro involuntario. El recinto fue colmado por la burocracia oficialista y sectores movilizados para el encuentro. Lo que ciudadanía sinaloense demanda es seguridad cotidiana, no proclamas sobre una soberanía abstracta. Si hoy existen sinaloenses dispuestos a respaldar cualquier tipo de asistencia o intervención extranjera, ello no obedece a un desamor por la patria, sino al desamparo acumulado tras dos años de guerra, impunidad y miles de muertos y desaparecidos frente a la inoperancia de sus autoridades municipales, estatales y federales.
Además, la violencia endémica en estados como Michoacán o Baja California, entre otros, demuestra que el colapso de la seguridad no responde a presiones transnacionales, sino al deterioro institucional. Los ciudadanos buscan resultados tangibles, no la constante exhibición de supuestas culpas ajenas.
Resulta oportuno recordar cómo, hace un cuarto de siglo, el régimen talibán condicionaba la entrega de Osama bin Laden a que Estados Unidos le presentara “pruebas irrefutables” de su participación en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hoy, el gobierno mexicano recurre de manera insólita a un argumento similar para blindar y no entregar a la justicia a Rubén Rocha Moya y su entorno. Cuando la soberanía se utiliza como un escudo para la impunidad de la clase política y los grupos fácticos, la patria deja de proteger a sus ciudadanos para convertirse en el resguardo de sus propios victimarios.