Finalmente, la realidad terminó por devorar el discurso. Luego de casi 20 meses de un conflicto armado que ha desangrado Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia, dejando un cargo que, desde hace tiempo, ya sólo existía en el papel y en los boletines oficiales.
Como escribí el jueves en este mismo espacio, era sólo cuestión de tiempo para que el peso de la violencia y las acusaciones internacionales hicieran caer a un mandatario que se aferró al poder mientras su estado se convertía en un cementerio y una zona de confinamiento forzado.
La tragedia sinaloense no es una percepción, es una estadística de horror. El conflicto entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, detonado con furia en septiembre de 2024, ha dejado una estela de destrucción difícil de procesar: más de 2 mil 600 asesinatos y 3 mil 600 desaparecidos. No son sólo números; son familias rotas, proyectos de vida truncados y un tejido social que tardará décadas en sanar. A esto se suman 3 mil familias desplazadas que tuvieron que abandonar sus hogares con lo puesto, 9 mil vehículos robados y 4 mil 500 negocios que bajaron sus cortinas para siempre, asfixiados por la inseguridad y la falta de garantías. Durante la gestión de Rocha Moya los sinaloenses han vivido presos de un toque de queda invisible, pero implacable, donde salir a la calle implica jugarse la vida en cada esquina.
Pero para entender el colapso actual, hay que mirar hacia atrás. Todo esto se gestó en aquella turbia jornada electoral de junio de 2021. En ese entonces, la democracia sinaloense fue secuestrada: candidatos y representantes de la oposición fueron levantados por horas o días enteros en una operación sistemática para asegurar que Rocha Moya y el resto de los candidatos del oficialismo se alzaran con una victoria manchada de miedo. Fue el pecado original de un gobierno que nació de la mano de intereses oscuros y que, inevitablemente, terminó devorado por ellos.
La mala gobernanza y la complicidad sistémica se exacerbaron el 25 de julio de 2024, una fecha que quedará marcada como el punto de no retorno. Ese día, Ismael El Mayo Zambada, fundador histórico del Cártel de Sinaloa, fue subido a la fuerza a un avión en una acción orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Según el propio Zambada, en ese escenario no sólo estaba presente el gobernador Rocha Moya, sino que ahí mismo fue asesinado Héctor Melesio Cuén, el principal rival político del mandatario. Desde que la justicia estadunidense difundió una acusación formal contra Rocha Moya y nueve de sus correligionarios y colaboradores más cercanos, la posición del gobernador se volvió insostenible.
Resulta cínico observar cómo, desde que secuestró la procuración e impartición de justicia en el ámbito local, el oficialismo pensó que los delitos de sus integrantes jamás serían alcanzados por la ley. Incluso tras la denuncia presentada en EU por sus vínculos con Los Chapitos, muchos salieron en su defensa, exigiendo pruebas con una pulcritud legal que ellos mismos no practican. Paradójicamente, este mismo movimiento político es el que ha ampliado de forma escandalosa el catálogo de motivos por los que cualquier ciudadano puede terminar en la cárcel sin que la autoridad tenga que comprobarle absolutamente nada.
La gran mayoría de los hechos denunciados en el pliego de acusación de la fiscalía neoyorquina ya habían sido señalados en México por periodistas y opositores, pero aquí el eco del poder los volvió mudos. Con lo que no contaba el oficialismo es que, si bien puede controlar las fiscalías y los tribunales nacionales para proteger a sus miembros y amenazar a los disidentes, no tiene jurisdicción sobre las cortes externas. El deterioro de la imagen del país a nivel internacional es el precio de haber convertido a un estado en un feudo de impunidad. Ahora que la pieza clave ha caído, más valdría al grupo en el poder apurarse a limpiar la casa antes de que las denuncias desde el exterior comiencen a señalar a otros integrantes del clan gobernante. México merece mucho más que el silencio de los cómplices.