¿De quién es la sierra? La CIA, el narco y la soberana hipocresía

El accidente carretero, donde fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, un escolta y dos “instructores” estadunidenses —que días después los diarios The Washington Post y Los Angeles Times identificarían como agentes de la CIA—, ha desatado una tormenta política que huele a hipocresía.  

Mientras los micrófonos en la capital se desgarran las vestiduras por la intrusión extranjera, el elefante en la habitación es una instalación de tipo industrial dedicada a producir droga.

Lo que ese accidente fatal destapó no fue sólo una cooperación secreta entre la fiscalía estatal y la inteligencia estadunidense; fue el desmantelamiento de lo que las autoridades inicialmente llamaron un “narcolaboratorio” y que, tras ver las cifras reales, deberíamos llamarla con propiedad: narcofábrica. 

Los reportes técnicos han revelado una infraestructura que hiela la sangre por su sofisticación y capacidad de producción. No hablamos de tres tambos y un mechero escondidos bajo una lona en una cueva. En el paraje conocido como El Pinal se localizaron instalaciones de más de 850 metros cuadrados divididas en cinco áreas críticas. Se aseguraron 44 contenedores de mil litros y otros 44 de quinientos litros, cargados con químicos para la síntesis de metanfetaminas, junto a casi 200 cilindros de gas y una batería de 12 hornos industriales. Esta escala de producción no se construye de la noche a la mañana; los indicios sugieren que el complejo operaba con total impunidad desde hace meses, produciendo toneladas de veneno sintético que no sólo alimentan el mercado internacional, sino que inevitablemente permean en el consumo local.

Es imperativo entender que una instalación de este calibre no puede funcionar de manera aislada. Para que una fábrica así pueda operar, necesita un flujo masivo y constante de precursores químicos que seguramente llegaron a través de puertos mexicanos, bajo la mirada, o la ceguera voluntaria, de las autoridades federales que tienen el control total de los recintos portuarios. 

Es una contradicción dolorosa: se reclama soberanía por la presencia de cuatro agentes extranjeros, pero se guarda silencio sobre cómo las arterias comerciales del país son utilizadas por el narcotráfico para importar la materia prima de la muerte ante la vigilancia de quienes juraron proteger las fronteras.

Resulta increíble que el gobierno federal afirme que no se enteró de la construcción de semejante mole industrial o, peor aún, que se haya hecho de la vista gorda mientras drones extranjeros hacían el trabajo de inteligencia. Se nos dice que la intervención de la CIA es una violación de las leyes mexicanas. Y tienen razón. Ninguna agencia externa debería operar en suelo nacional sin protocolos. Sin embargo, la existencia de esa narcofábrica es una violación de la soberanía mucho más grave. El narcotráfico es, en esencia, la forma más escandalosa de usurpación de soberanía. Cuando un cártel decide instalar una infraestructura industrial, cuando recluta mano de obra forzada y corrompe autoridades, está arrebatándole al Estado su razón de ser.

No es justificable que no se condene con igual fuerza la violación a la soberanía que realiza el crimen organizado —que tiene asolada la Sierra Tarahumara y muchas otras partes del país— que la intervención extranjera. Sobre todo cuando el operativo contra este complejo fue un éxito rotundo que las autoridades federales no pudieron o no quisieron ejecutar. Al final, los dos agentes mexicanos y los dos estadunidenses que murieron en esa carretera son el costo humano de un sistema que prefiere pelear por las formas diplomáticas mientras cede, hectárea por hectárea, el fondo de la seguridad nacional a las mafias que hoy operan ante la mirada impasible del centro del país.