Durante ocho años, los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación han repetido que su prioridad histórica es barrer la corrupción desde arriba y garantizar una justicia pronta y expedita. El discurso oficial asegura que el viejo régimen de privilegios quedó atrás y que hoy impera la honestidad republicana.
Sin embargo, los datos empíricos desmienten esa narrativa. La edición 2026 del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) muestra que, lejos de sanearse, las instituciones mexicanas atraviesan un deterioro sostenido que deja al ciudadano cada vez más desprotegido frente al abuso de poder y la impunidad.
El Índice de Estado de Derecho es la herramienta cuantitativa más reconocida a nivel internacional para medir la adhesión práctica de los países a la legalidad, más allá de lo que dictan sus constituciones. Elaborado por el World Justice Project —organización independiente sin fines de lucro, con sede en Washington, DC—, el estudio se realiza desde 2008 y en su entrega más reciente evalúa a 143 países mediante encuestas a hogares y cuestionarios a expertos locales. Su escala va de 0 a 1, donde 1 representa el mayor apego al Estado de derecho.
En la medición de 2026, México cayó cuatro posiciones para ubicarse en el peldaño 125 de 143 naciones, con una calificación general de 0.39 puntos (un retroceso de 2.7% respecto a los 0.40 obtenidos en 2025). En el ámbito regional, el país ocupa el lugar 28 de 32 en América Latina y el Caribe, apenas por encima de regímenes autoritarios o colapsados como Nicaragua, Haití y Venezuela. Entre las naciones de ingreso medio-alto, México es penúltimo: está en el sitio 43 de 44.
La caída no es un tropiezo coyuntural, sino la continuación de una pendiente que comenzó en 2015, cuando el país registraba 0.48 puntos. La radiografía por factores confirma que el retroceso es transversal. De los ocho rubros que integran el índice, México empeoró en siete entre 2025 y 2026 y se estancó en el restante. En Límites al Poder Gubernamental cayó de 0.41 a 0.39 (puesto 109), arrastrado por la nula sanción a funcionarios que incurren en faltas (0.23, lugar 136) y el debilitamiento de las auditorías independientes y el contrapeso judicial. En Ausencia de Corrupción —la bandera central del oficialismo—, bajó de 0.27 a 0.26 (puesto 135), con calificaciones deplorables en el Poder Legislativo (0.13), las corporaciones policiales y militares (0.28) y el Poder Judicial (0.31).
El deterioro alcanza también la vida cotidiana y la certeza económica. En Gobierno Abierto, único rubro donde México supera ligeramente la media global, descendió de 0.56 a 0.54 (puesto 57) por la caída en participación cívica. En Derechos Fundamentales retrocedió a 0.46 (lugar 96), lastrado por el incumplimiento del debido proceso (0.26). En Orden y Seguridad quedó estancado en 0.50 (puesto 132), pero con un dato alarmante: ocupa el último lugar mundial (143 de 143) en Control Efectivo del Crimen. Se suma el descenso en Cumplimiento Regulatorio a 0.41 (puesto 118), reflejo de trámites arbitrarios que ahuyentan la inversión. El cuadro se cierra con el colapso de los tribunales. La Justicia Civil bajó a 0.34 (puesto 135) por su lentitud y sesgo discriminatorio, y la Justicia Penal sufrió el mayor desplome anual al pasar de 0.25 a 0.22 (puesto 139 de 143), apenas cuatro sitios por arriba del sótano.
Con investigaciones ineficaces (0.17) e imparcialidad casi inexistente (0.15), la promesa de transformar la justicia en México choca de frente con la realidad de los números.
BUSCAPIÉS
*El deterioro institucional coincide con una vulnerabilidad fiscal documentada por el Banco Mundial. Aunque el gobierno presume haber sacado de la pobreza a 17 millones, el organismo advierte —en el documento que se celebró ayer en la conferencia mañanera— que el gasto rígido en pensiones universales y el rescate de Pemex dispararán la deuda 58.5% del PIB en 2028, comprometen la inversión productiva y dejan al Estado sin margen frente al estancamiento económico.
