Hace 45 años, en marzo de 1971, el presidente Luis Echverría dispuso expulsar de México a cinco diplomáticos soviéticos, que en realidad trabajaban para la KGB.
La razón: el descubrimiento, por casualidad, de una célula de un grupo guerrillero, denominado Movimiento de Acción Revolucionaria, integrado por estudiantes mexicanos que habían pasado por la Universidad Patricio Lumumba, de Moscú, y después se habían entrenado en Corea del Norte.
Al expulsar a los cinco diplomáticos, el gobierno de Echeverría asumió que la URSS había organizado el adiestramiento. Uno de ellos era Oleg M. Nechiporenko, jefe de contrainteligencia de la KGB en México, a quien hice una extensa entrevista en la capital rusa, en 2007, en la que relató sus experiencias. Fue él quien entrevistó en 1963 a Lee Harvey Oswald, futuro asesino del presidente John F. Kennedy, cuando vino a la Ciudad de México buscando una visa para volver a la Unión Soviética, donde había vivido.
Revisito esa historia, pues México tiene experiencia enviando a su casa a espías extranjeros cuando se ha considerado que su país de origen ha violado las leyes mexicanas o ha realizado acciones poco amistosas.
Aun así, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no parece dispuesto a hacer lo mismo con los agentes de la CIA que –a decir suyo– tuvieron relación con el gobierno de Chihuahua y participaron en un operativo antinarco en la sierra del estado. Hay que recordar que dos de ellos murieron en un accidente automovilístico –razón por la cual se desató una polémica que ya cobró la renuncia del fiscal general de Chihuahua–, pero otros dos, que venían en un vehículo distinto están sanos y salvos, hasta donde se sabe.
Ayer, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la reportera Dalila Escobar, de la revista Proceso, hizo una serie de preguntas muy pertinentes sobre el caso. Quiso saber si el gobierno federal estaba contemplando la expulsión de los agentes de la CIA asignados a México. La presidenta Sheinbaum le respondió que “por el momento, no”.
—Si se da la destitución de un funcionario estatal, ¿no habría que aplicar las sanciones de forma pareja, tanto al gobierno estatal como a los agentes (de la CIA) que participaron? –insistió Escobar–.
—Los dos agentes de los que tenemos conocimiento que participaron lamentablemente fallecieron.
—Me refiero a los que quedan…
—Lo primero es la humanidad, por supuesto. Sentir el fallecimiento de dos personas extranjeras que participaron. ¿Cómo vas a sancionar a dos personas que lamentablemente fallecieron?
—Claramente, me estoy refiriendo a las agencias.
—Al gobierno de Estados Unidos, el extrañamiento de que esto esté pasando. La nota diplomática y la respuesta de ellos de que vamos a seguir colaborando en el marco de lo que hemos establecido.
A partir de este intercambio, puede deducirse que México no desea ir más allá de la nota diplomática. Es decir, no se plantea expulsar a los dos agentes de la CIA que participaron en el operativo –según han dado a conocer distintas fuentes, incluyendo las propias autoridades chihuahuenses– ni al resto de los integrantes de la agencia de inteligencia que operan en México. Y eso debe ser por una de dos razones: o se considera que lo que hicieron no fue tan grave o se piensa que ir más allá de desear que lo sucedido sea una “excepción” –como hizo la presidenta Sheinbaum el lunes– podría causar un conflicto indeseable con el gobierno de Donald Trump.
Por lo que sea, suena extravagante que se acuse a la gobernadora chihuahuense Maru Campos de traición a la Patria, como hizo ayer el oficialismo en el Senado, pero no se proceda contra los dos agentes que participaron en el operativo y que no iban en el vehículo que se accidentó ni contra sus jefes.
Hacerlo de esa manera –ir contra Campos y no tocar a los agentes de la CIA– da lugar a pensar que ésta es la primera batalla por la gubernatura de Chihuahua, a la que Morena tiene echado el ojo.