El comunicado de ayer de la Fiscalía General de la República sobre los hechos en Tapalpa, Jalisco, es un documento que, bajo la apariencia de una precisión técnica, siembra una incertidumbre profunda sobre la solidez del Estado de derecho en México.
Al admitir que la escena donde se resguardaba Nemesio Oseguera, El Mencho, fue vulnerada y contaminada antes de la intervención ministerial, la FGR despedaza la narrativa gubernamental de un operativo quirúrgico exitoso contra el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, que incluso mereció el reconocimiento de Washington y se tradujo en una remontada en las encuestas de la imagen presidencial.
¿Cómo es posible que en una acción de tal envergadura, dirigida contra el objetivo prioritario de las fuerzas federales, no se haya garantizado la preservación inmediata del perímetro? Ése es el primer eslabón de cualquier cadena de justicia y para explicar su ruptura no basta con decir que “el lugar no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para resguardo del personal ministerial y pericial”.
Ésa es una obviedad y la obligación de las autoridades es controlar la situación, no llegar al lugar una vez que se hubiera disipado el peligro y luego de que ya hubieran pasado por allí personas no relacionadas con los hechos.
Además, el comunicado no concuerda con la narrativa que el secretario de la Defensa sostuvo apenas unos días antes, el martes 10 de marzo, durante la conferencia matutina presidencial. Mientras el general Ricardo Trevilla Trejo indicó que hubo un enfrentamiento en la zona de las cabañas donde se hospedaba El Mencho, y que incluso allí cayeron dos miembros del equipo de Fuerzas Especiales, la FGR ahora dice que los acontecimientos se dieron lejos del lugar y en despoblado. Mientras el general habló de dos momentos del operativo, uno en las cabañas y otro en el bosque, la FGR ni siquiera atina a decir si fueron uno o más enfrentamientos, pues en el mismo párrafo hay ambas versiones.
Esta discrepancia entre las dos instituciones abre una grieta de incertidumbre que, lejos de aclararse con esta tarjeta informativa, se profundiza y adquiere un matiz de gravedad institucional.
La duda que surge es inevitable y el comunicado, en lugar de disiparla, la vuelve central: ¿quiénes son esas “diversas personas” que ingresaron en los inmuebles sin autorización y contaminaron la escena? Los fiscales parecen estar preparando el terreno para una futura invalidez de pruebas, deslindándose de cualquier hallazgo previo a su llegada tardía.
Otro punto de fricción es el tratamiento de los indicios. En la narrativa oficial del 10 de marzo se dio a entender que los hallazgos en el sitio confirmaban la peligrosidad y actividad del detenido. No obstante, la FGR ahora se lava las manos con una frase lapidaria: “Esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”. Esto es, en la práctica, una desautorización a la información vertida inicialmente por las autoridades de seguridad y un balde de agua fría sobre la certeza jurídica. Si el general secretario presentó el operativo como un golpe contundente basado en evidencias, que costó vidas, la FGR nos dice que esas evidencias podrían ser nulas o incluso plantadas por terceros.
La justificación de la FGR sobre el retraso en el aseguramiento de los inmuebles también choca con la lógica de un operativo de “alta complejidad táctica”. Dejar el epicentro de la investigación abandonado para que personas ajenas lo contaminen es, en el mejor de los casos, una negligencia inexcusable. Y para acabarla de amolar, la Fiscalía ni siquiera dice qué presuntos delitos investiga ni qué pruebas busca, por lo que es imposible entender a qué contaminación se refiere.
El contraste entre el triunfalismo de los días posteriores al 22 de febrero y el tono defensivo del comunicado de la Fiscalía es el retrato de una institucionalidad fracturada. En lugar de cerrar filas y dar certidumbre, la FGR ha optado por un documento que actúa como un catálogo de excusas legales, confirmando que la verdad de lo ocurrido en Tapalpa sigue siendo una asignatura pendiente y que el proceso judicial nace, irremediablemente, bajo sospecha.