México accidentado

El país se desangra en sus carreteras y sus calles. Los hechos trágicos de septiembre, como el arrollamiento de un autobús en Atlacomulco, el choque múltiple en la carretera Mérida-Campeche y la explosión de una pipa en Iztapalapa, no son sucesos aislados, sino la punta del iceberg de una crisis que se agrava día tras día.

Al momento de escribir estas líneas, 33 vidas se han perdido en estos hechos, y decenas de familias han quedado rotas.

La tragedia es estadística y, al mismo tiempo, profundamente humana. Según datos del Inegi, en 2023, 110 mexicanos murieron en promedio cada día a causa de accidentes, un aumento de casi 25% en tan sólo tres años. La tasa de mortalidad accidental por cada 100 mil habitantes subió de 25.6 en 2020 a 31.1 en 2023. Estas cifras no son frías, son el reflejo de una autoridad que está fallando en proteger a los gobernados.

En 2020, México dio un paso trascendental al consagrar en su Constitución el derecho a una movilidad segura. Una iniciativa que, impulsada por la sociedad civil, parecía un faro de esperanza.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se promulgó para proteger a los usuarios más vulnerables y se estableció el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, seguido de una Estrategia Nacional 2023-2042.

Sin embargo, como bien señala el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema, la distancia entre el papel y la práctica en México es abismal. Mientras el marco legal es ambicioso, la implementación se enfrenta a obstáculos insuperables.

La falta de recursos adecuados, la ausencia de un seguro vehicular obligatorio, la debilidad en los estándares de seguridad para vehículos y la falta de liderazgo y rendición de cuentas son barreras que convierten los programas y leyes en documentos sin vida.

La promesa de un país con calles y carreteras seguras se diluye en la cruda realidad de un aumento constante de muertes. Entre 2020 y 2023, casi 8 mil mexicanos más perdieron la vida en accidentes. De los más de 40 mil que murieron en 2023 por esta causa, 35% estaba en el grupo de edad muy productivo de 15 a 34 años. Estos datos son el contundente argumento que desvela la ineficacia de los esfuerzos gubernamentales.

Estamos presenciando una preocupante tendencia: la confianza en que los problemas se resuelven con la simple creación de leyes y la presentación de programas con títulos llamativos y metas inalcanzables. Esta estrategia, más que una solución, parece un intento por apaciguar a la opinión pública mientras la situación se deteriora.

El estado lamentable de nuestras calles y carreteras, que son el escenario principal de esta crisis, es la prueba más evidente del fracaso de esta política. La falta de mantenimiento, la señalización deficiente y la carencia de infraestructura segura son factores que, día tras día, contribuyen a estas tragedias. Además, la cantidad decreciente de recursos públicos dedicados a construcción y mantenimiento de vías, así como a la salud, hacen prever que las muertes por accidentes seguirán incrementándose en los años por venir.

El gobierno mexicano debe dejar de lado las “buenas intenciones” que se quedan en el papel y pasar a la acción. La rendición de cuentas, la inversión real en infraestructura y la aplicación estricta de las leyes son las únicas herramientas que pueden detener esta epidemia. No podemos seguir aceptando que los accidentes sean una fatalidad inevitable. La vida de los mexicanos es demasiado valiosa para ser sacrificada en el altar de la ineficacia y la burocracia.

Es tiempo de exigir que el derecho a la movilidad segura se convierta en una realidad palpable, no en una simple promesa constitucional. La sociedad civil, que logró el hito de la ley, debe seguir exigiendo y señalando las fallas, porque al final del día, los números no mienten: nuestro país se está desangrando por inacción. ¿Cuántas vidas más deben perderse para que las palabras se conviertan en hechos?